Opinión

Solares urbanos, necesidad de su regularización

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

En la mayoría de los ejidos ubicados en el estado de Sinaloa hay todavía una enorme deficiencia en la regularización de solares urbanos, lo que genera incertidumbre jurídica, falta de recaudación contributiva adecuada y problemas entre particulares, sobre todo en controversias de herencias, enajenación y alimentos, por mencionar algunas.

Los solares urbanos son: aquellas tierras destinadas al asentamiento humano necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que se componen por los terrenos en que se ubique en la zona de urbanización y su fundo legal (art. 63 Ley Agraria).

El derecho sobre la tierra es uno de los sentimientos y anhelos que más han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Ha sido el motivo de las más sangrientas y enardecidas guerras entre los pueblos, y las más violentas y pasionales controversias entre compatriotas, amigos y familiares. Quizá esto tenga que ver con el hecho de que, instintivamente el ser humano es territorial por naturaleza. Tenemos que sentir que pertenecemos a un lugar para encontrar sentido a nuestra existencia y que contamos con algo que sea nuestro, del que seamos los dueños absolutos y, por tanto, los únicos que pueden disponer de ello. De ahí la gran importancia y trascendencia de la regulación legal de los solares urbanos.

Desde la época Colonial, pasando por el México independiente, hasta la etapa postrevolucionaria, el marco jurídico territorial ha favorecido la creación de latifundios, más que a una distribución equitativa y justa en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo relativo al marco jurídico de las tierras, al disponer que todo el territorio de México pertenece originalmente a la nación, pudiendo esta asignar parte de aquel para que sea susceptible de apropiación por particulares, así como otro más para la dotación de ejidos, reconocimiento de comunidades y pequeña propiedad.

De tal suerte que en 1870 Benito Juárez, siendo presidente de México, creó el Registro Público de la Propiedad, con la intención de dar seguridad jurídica a las adquisiciones y enajenaciones de bienes raíces por parte de particulares.

En materia agraria no fue la excepción, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue el primer paso que se dio en México para dar una solución institucional a las demandas del pueblo. Esta ley da una respuesta a las necesidades del país con una visión a largo plazo que se solidifica al ser elevada a nivel constitucional en 1917 y, posteriormente, se enriquece en los Códigos Agrarios de 1934, 1940, 1942 y en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, para finalmente terminar de regular la tenencia de la tierra con la reforma de 1992 a ley vigente, con lo cual se hace posible que actualmente se consideren en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los tres tipos de tenencia de la tierra más importantes: el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad.

El 6 de enero de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación el “Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”, en cuya parte considerativa justifica su expedición y finalidad en “… que los núcleos de población ejidal cuenten con un instrumento adecuado para la correcta aplicación de la Ley Agraria, bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a su voluntad para decidir sobre el destino y la delimitación de las tierras parceladas y de uso común, la regularización y certificación de los derechos agrarios correspondientes, así como la delimitación de las tierras de asentamiento humano, la protección del fundo legal y la obtención de los títulos de los solares …”

Los solares urbanos se consideran propiedad plena de sus titulares (art. 68 Ley Agraria). Luego entonces, la naturaleza jurídica de estos resulta ajena a la agraria, ya que, no obstante, integran la zona urbana ejidal, no pueden considerarse como tal, en atención a que estos lotes no comparten las características de los bienes comunales o ejidales, pues al tener sus titulares la propiedad plena de estos (derecho de uso, goce y disposición) su régimen jurídico comparte en un mayor grado la forma de la propiedad particular, que la del agrario o comunal.

Desafortunadamente la mayoría de los ejidatarios, si bien tienen la posesión material de sus solares urbanos, en donde se encuentran edificadas sus viviendas, no cuentan con título que avale su propiedad plena, circunstancia que los pone en situación precaria de inseguridad jurídica, pues ante alguna controversia legal respecto de dichos terrenos, no tendrán la posibilidad de acreditar fehacientemente su propiedad plena sobre dichos bienes raíces. De ahí la importancia de la regularización de estos.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!