Opinión

¿Memorándum o acto arbitrario de poder?

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

El pasado martes 16 de abril, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó un “memorándum” a los secretarios de Gobernación, Educación y de Hacienda, ordenándoles, en esencia, que inaplicaran todo lo concerniente a la reforma “constitucional” en materia educativa.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, consultable en https://dle.rae.es/?id=OrfaXGa, memorándum o memorando se define como: “La comunicación diplomática, menos solemne que la memoria y la nota, por lo común no firmada, en que se recapitulan hechos y razones para que se tengan presentes en un asunto grave, también se entiende como el librito o cuaderno en que se apuntan las cosas de que hay que acordarse o, aquella nota que se envía por mano a una persona de la misma oficina o institución”.

Las acciones tomadas con base en la “reforma educativa” se encuentran sustentadas en la Constitución Federal, en donde hallan su fundamento y legitimidad. Los artículos en los que se sustentan podría ser modificados o derogados, desde luego, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos y siguiendo el procedimiento que la misma Ley Suprema prevé.

El presidente de la nación tiene la facultad, que le otorga la misma Carta Magna, de enviar iniciativas al Congreso de la Unión para reformar o derogar artículos constitucionales, siendo dicho Poder Legislativo el único legitimado para llevar a cabo estas.

El que el titular del Ejecutivo federal pretenda que funcionarios de la administración pública inobserven las disposiciones constitucionales en base con una simple comunicación escrita sin ningún fundamento ni sustento legal, atenta claramente en contra del Estado de derecho, la seguridad jurídica, la confianza en nuestras instituciones legales y de la democracia.

Por lo anterior, este miércoles 17 de abril, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Héctor Herrera Ordóñez, escribió en su cuenta de Twitter, @HectorHerreraO3, su opinión personal respecto del memorándum del Ejecutivo federal sobre la reforma educativa, la cual reproduzco a continuación:

“El 16 de abril de 2019 circuló en redes sociales un memorándum del Ejecutivo federal, de esa misma fecha, dirigido a la Secretaría de Gobernación, al secretario de Educación Pública y al secretario de Hacienda y Crédito Público, manifestando que, con base en las facultades de su cargo, presenta ‘lineamientos y directivas’ que incluyen dejar sin efectos la reforma educativa en tanto se legisla al respecto.

Conforme al sistema jurídico mexicano, es claro que la derogación de preceptos constitucionales y de leyes federales no corresponde al Poder Ejecutivo. Pretender esa derogación a través de un memorándum del Ejecutivo federal contraviene el principio de división de Poderes consagrado en la Constitución, mismo que el presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir.

”Por lo anterior, respetuosamente conmino a todas las autoridades del país a fortalecer el Estado de derecho del país con justicia y democracia, desterrando actos autoritarios violatorios de nuestro régimen constitucional”.

La seguridad jurídica, como derecho humano, implica que toda persona tenga certeza de que las leyes que la rigen, además de cumplir con la garantía de legalidad por provenir de un órgano legislativo facultado para emitirlas y de un procedimiento válido en el que se respeten los principios y formalidades previstos en los ordenamientos que lo regulan, tengan sobre todo como objetivo final el legitimar la autoridad del Estado democrático.

Por lo que, cuando los actos de autoridad no cumplen con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, su aplicación quebranta los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque impiden al gobernado tener certeza de que no está sujeto a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades, de manera que el juicio de amparo indirecto resulta el instrumento idóneo para la protección en contra de las violaciones de dichos derechos humanos.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad.

¡Hasta la próxima!