Opinión

¿Justicia entrampada?

GUASAVE
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Por: Moisés García

Guasave.- Juan Luis De Anda, el síndico procurador del gobierno local, de acuerdo con sus dichos públicos, sigue aportando elementos de cargo a las denuncias penales por los presuntos manejos irregulares en las finanzas de la Junta de Agua Potable en los que incurrieron algunos de los hoy funcionarios de la paramunicipal.

Lo reciente ha sido la detección de "más cheques anómalos" girados por la anterior gerencia, con los que suman ya 37 los documentos en los que se observa una emisión supuestamente fuera del orden legal que al igual que los otros pudiera figurar la comisión de un delito grave.

Así a "vuelo de pájaro", pareciera que el vigilante del erario municipal, realiza su papel, apegado al librito, el cual sugiere establecer de manera muy transparente el escrutinio de los recursos públicos y si es el caso, exigir la aplicación de la ley sobre aquellos en los que recae la sospecha de que se hizo mal uso de la función que les tocó desarrollar en la Jumapag de Guasave.

Y que bien cumpla con su deber, que para eso lo eligió la sociedad guasavense, pues precisamente de este tipo de políticos son los que hacen falta para dignificar el servicio público, principalmente cuando se trata de la operación de los dineros.

Sin embargo aquí en este asunto hay algo raro, pues hace ya varios meses según lo ha venido informando De Anda Mata, se formularon las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial cuya obligación es investigar la causa y proceder conforme a derecho, lo que hasta el momento no ha habido.

Y bueno, sobre lo anterior sólo pueden caber dos explicaciones, igual de simples ambas: la primera es que en la Agencia del Ministerio Público en las que obran las demandas penales, "duerman el sueño de los justos", como regularmente ocurre, cuando no hay ocupación para hacer cumplir la ley o también que sería igual de delicado y pernicioso exista un interés de carácter político que esté bloqueando el paso de la justicia.

El otro motivo por el cual no parecen caminar con la celeridad que deberían los procesos penales formulados por el síndico procurador, podría ser que los expedientes acusatorios hayan sido torpemente fincados y con ánimos distractores, o en el mejor de los casos, no estén debida y jurídicamente fundamentados, lo que podría dar lugar a corregir si fuera el asunto, ese error de origen.

Si tal fuera el caso son resquicios por los cuales pudieran irse al bote de la basura las intenciones de De Anda, de enjuiciar a los presuntos responsables que dice haber en este asunto que empieza a tener un cariz de "affaire" mediático, más que de buscar se castigue a los supuestos y hasta hoy inexistentes responsables.

Por otro lado y a propósito de lo mismo, en círculos abogadiles se empieza a especular, por información que ellos tienen, que lo que pudiera estar demorando el proceso resulta de las inconsistencias por el enfoque jurídico bajo el cual se elaboraron la serie de demandas penales.

Los mismos litigantes, ajenos al caso, pero que algo deben saber, corren la versión que por tratarse de una denuncia por daño patrimonial, en esta deben precisarse con claridad y contundencia los nombres de los presuntos implicados, lo que no se hizo, por lo que si finalmente no se rectifica para la fundamentación de las acusaciones, lo probable es que todo quede en un mero circo.

Como en materia penal y jurídica en realidad este escribidor es un lerdo, entonces es oportuno que Juan Luis De Anda salga al paso con datos claros e información "dura" para dar a conocer qué es lo que hay detrás de la demora de resultados en cuanto a las demandas penales que a cada rato está llevando a los ministerios públicos.