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Justicia injusta: águila o sol

Hay inocentes en la cárcel y culpables en la calle. No conocemos el número de errores y corruptelas que han llevado a esas injusticias, pero sí sabemos que padecemos las consecuencias de dos graves vicios en el ámbito de la procuración y la impartición de justicia, uno que perjudica a los desprotegidos y otro que beneficia a los privilegiados. Son como las dos caras de una misma moneda, algo así como el águila y sol de lo injusto.

A falta de mejores nombres les voy a llamar así, el vicio del águila al que permite que a los pobres se les fabriquen delitos, aprovechando que no tienen dinero para pagar buenos abogados ni apoyo gubernamental o acceso a los medios de comunicación para quejarse cuando no se les da un juicio justo, y el vicio del sol a la impunidad de los ricos y poderosos, a quienes es difícil probarles conductas ilícitas porque pueden pagar los mejores defensores, gozan de la protección del gobierno y de un trato mediático benévolo. A esto último hay que agregar el hecho de que la ley es suave para las trapacerías de cuello blanco y que la corrupción favorece más a quienes detentan el poder económico y político. Cuando los de abajo son acusados injustamente la vida se les vuelve un infierno, y cuando los de arriba cometen una pillería a menudo se quedan en su paraíso o, en el mejor de los casos, van al purgatorio. Digamos que fortuna (riqueza) llama fortuna (éxito).

Varios casos concentraron recientemente la atención de los medios en el vicio del águila. La Corte reaccionó con fallos que llaman a ministerios públicos y jueces a apegarse estrictamente al debido proceso. Santo y bueno. Todos queremos que la justicia se imparta con mayor rigor, y ningún ciudadano de bien va a cuestionar la demanda de pulcritud en la demostración de culpabilidad de un acusado. Lo que no veo es una voluntad similar para corregir el vicio del sol. ¿Cuántos políticos enriquecidos obscenamente a la vista de todos disfrutan tranquilamente de su patrimonio mal habido? ¿Y cuántos grandes empresarios, de los que han sido enjuiciados, han purgado condena? La indignación de la sociedad ante este fenómeno —no aquí, donde apenas existe, sino en algunas partes de Europa— provocó el surgimiento de tribunales especiales que investigan casos de corrupción y que, si bien no emiten sentencias sino recomendaciones judiciales, trabajan con menores niveles de exigencia probatoria. Si la dificultad de probar legalmente el ostensible comportamiento inmoral de un potentado impide mandarlo a prisión, se tiene al menos la opción de castigarlo exhibiendo sus fechorías ante la opinión pública.

En México no. Ahí está la quiebra de Mexicana, una empresa emblemática cuyos trabajadores pagan con el desempleo las culpas de un magnate que se las ingenia para evadir la justicia y el desprestigio, y el escándalo de Oceanografía, que hasta ahora deja a su(s) propietario(s) a salvo. Y abundan ejemplos de políticos corruptos a los que no se les toca ni con el pétalo de una denuncia penal o mediática. Porque no soy jurista no me atrevo a decir que en nuestro país los esfuerzos por mejorar las cosas en el ámbito del águila podrían empeorarlas en el del sol, pero sí sostengo que los poderosos —antes, durante y después de cometer sus fullerías— cuentan con la asesoría de expertos en derecho, contabilidad, finanzas y lo que se requiera que les permiten, en la remota hipótesis de encarar un proceso en su contra, llegar a él blindados y contar con las ventajas de leyes alambicadas cuyos tecnicismos y resquicios procedimentales facilitan su exoneración.

Es un problema sistémico. Hay juzgadores mexicanos honestos —cuyo mérito es, por cierto, enorme—, pero una norma compleja y muy distante de la realidad incentiva la corrupción. Y en esas circunstancias los únicos casos en que podemos esperar que la justicia sea más o menos justa son los de los delincuentes pobres y los ricos honestos.

Twitter: @abasave