Opinión

La Glorieta

Por: La Glorieta La Glorieta

Sin denuncias. A pesar de que la violencia que castiga al municipio de Badiraguato ha dejado 295 familias de 14 comunidades desplazadas, hasta el momento no han acudido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa a interponer una denuncia para que defiendan sus derechos y les den la protección pertinente. Sin embargo, el presidente del organismo, José Carlos Álvarez, precisó que se le ha dado la atención debida a quienes lo han solicitado. El único detalle es que ya no se sabe a quién creerle. En este caso también algunos desplazados consideran tiempo perdido interponer una queja en la CEDH, toda vez que lo único que hace este organismo es emitir recomendaciones, lo que ya ha hecho en algunas situaciones, pero las autoridades no las acatan y el trabajo de Carlos Álvarez queda en buenas intenciones. Hay quienes consideran que una recomendación no les da de comer ni les consigue la casa que tanto necesitan.

Quieren nueva casa. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) solicitó un presupuesto apegado a la austeridad, sin embargo no le dieron lo suficiente como para adquirir su propio edificio, ya que en el que actualmente se encuentran tienen que pagar un arrendamiento de alrededor de 200 mil pesos mensuales, y no se han cambiado porque lo que les dan no les alcanza ni para comprar su propio terreno, dijo la consejera presidente, Karla Peraza Zazueta, y expresaron que sí quisieran tener un espacio más económico. Mientras los gobiernos estatal, federal y municipal pagan millonarias rentas por edificios, enormes propiedades decomisadas a narcotraficantes sirven como picaderos, se están cayendo y son una problemática para los vecinos, esto en vez de ser otorgados en comodato.

Figurar con pavimentación. El gobierno del estado se apropió de los programas de pavimentación y le restó facultades a los municipios para poder operarlo. El problema es que en la actualidad hay un caos porque arrancaron los trabajos en muchas calles del estado y estos quedaron inconclusos debido a que no se les ha pagado a los constructores. Esto tiene molestos a miles de habitantes. La situación es que el recurso que los ayuntamientos tienen para este programa se redireccionó y el dinero de los comités vecinales pasan directamente al gobierno estatal. Además es al Ayuntamiento a quien reclaman los vecinos que en la actualidad tienen las calles destrozadas. Mientras que el gobierno estatal asegura que la pavimentación es gratuita, Jaime López, titular de Comun, aclara que no lo es y que se da prioridad las calles que mayor cooperación vecinal tengan.

¿Interés social? Muy poca sensibilidad muestra la delegada del Infonavit al anunciar que se han hecho embargos a morosos de Infonavit. Estaría bien que esta funcionaria federal les explicara a los solicitantes del crédito que es el más caro que existe y que no tiene nada de social. Que cada año la deuda, así como la mensualidad a pagar, se va incrementando, llegando el momento que hasta quienes tengan sueldo de profesionistas no puedan pagar estas casas de interés social. Además de que los “encharcan” con la hipoteca verde, la cual beneficia solo a las tiendas que venden los productos, ya que hay familias que se ven obligadas a comprar minisplits y aires que no necesitan, pero Infonavit les impone el vale. Otros de los grandes ganones del Infonavit también son los despachos contables, a los que Infonavit les pasa la deuda y se convierten en hostigadores de los morosos. Como si esto no fuera suficiente, si una casa se destruye por un siniestro, la Institución tarda años en resolver y cuando lo hace la cantidad que devuelva es raquítica. Ante todo esto en vez de un bien el Infonavit es un mal con el que tienen que lidiar las familias más necesitadas.