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Opinión

La consulta popular: usos y abusos

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Por: Leonardo Valdés Zurita

Nuestra democracia, igual que todas, es un fenómeno histórico. Se ha construido, en la norma y en la práctica, poniendo en juego los valores que articulan ese tipo de régimen político.

Evidentemente, en ese arreglo institucional participan muy diversos actores: el gobierno, la representación política, los partidos y los ciudadanos, entre otros. Para estos, la democracia implica un conjunto de derechos que se derivan de manera directa de los valores democráticos fundamentales: la libertad —de pensamiento, de expresión, de asociación y de participación— es quizá el más significativo.

Por eso la reforma de 2012, que añadió una nueva fracción al artículo 35 de nuestra Constitución, es de especial relevancia. Esa nueva fracción dice que es derecho de los ciudadanos "votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional". Se establece el derecho que tenemos los ciudadanos para participar en procesos de toma de decisiones, además de elegir a quienes nos gobiernan y representan. Es un avance, sin duda; pero como todo, implica riesgos.

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Dice la Constitución, que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República, un tercio de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del propio Congreso, o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Cuando la petición no sea de los ciudadanos, se convocará a la consulta si lo aprueban la mayoría de los integrantes de las dos Cámaras del Congreso. Las consultas se realizarán el mismo día de la jornada electoral y sus resultados serán vinculatorios para las autoridades cuando participe más del 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

Además, el artículo 35 establece las materias sobre las que no se podrán realizar consultas populares. Entre otras, la restricción a los derechos humanos; el carácter representativo, democrático, laico y federal de nuestra República; el electoral; los ingresos y gastos del Estado y la seguridad nacional. En todo caso, además específica el citado artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que se convoque, "resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta".

Todo esto, para compartir una primera opinión respecto de las consultas que los partidos pretenden realizar en 2015. Voy de la más reciente, a la primera. El PRI anunció que solicitará a los ciudadanos que apoyen con su firma la realización de una consulta para disminuir en 100 los diputados electos por el principio de representación proporcional y desaparecer los 32 senadores que se eligen de esa manera. Su solicitud se basa en el hecho de que su candidato presidencial, que ahora es Presidente de la República, hizo esa propuesta durante su campaña electoral.

Pregunto: ¿por qué no solicita esa consulta el Presidente, usando la facultad que le otorga la Constitución? ¿Por qué no la solicitan los senadores y/o diputados que conforman sus grupos parlamentarios y que exceden el 33% del total; además de convencer a unos cuantos legisladores para lograr la mayoría simple en ambas cámaras? Finalmente, ¿el número y forma de elección de diputados y senadores no es materia electoral? En fin, será necesario esperar para ver si ese partido consigue las firmas y si la Corte declara la constitucionalidad de la materia.

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Sobre la consulta que propone el PAN respecto del salario mínimo, ya me pronuncié hace dos semanas: es electorera. Respecto de la que promueve la izquierda sobre la reforma energética, será interesante observar qué dice la Corte. Ese órgano del Poder Judicial se ha caracterizado por respetar la capacidad legislativa de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando se cumplen los procedimientos que la propia Constitución impone a las reformas.

Una reflexión final: la consulta popular es un avance de la democracia. Es importante usarla con prudencia, y los partidos —me parece— deben evitar abusar de ella.

Twitter: @leonardovaldesz