Opinión

La crisis que se amplía

Por  Jorge Luis Lozano

El caso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa debe vigilarse de cerca. La forma en como se lleva podría marcar un antecedente en la solución (si es que así se le puede llamar) de la crisis financiera en la que se encuentran la mayoría de las juntas de agua potable del sur de Sinaloa.

El alcalde Emmett Soto Grave ha empezado a gestionar una declaratoria de bancarrota. La dependencia arrastra una cuenta vencida por el orden de los 33 millones de pesos.

Además, la deuda de 6 millones de pesos con la Comisión federal de Electricidad la mantiene en el riesgo permanente de tener un corte de energía, lo que ha sumido constantemente al municipio en el desabasto de agua potable.

El plan de Soto Grave es que el Ayuntamiento se quite el lastre financiero que le significa la operatividad de la Jumapae y que sea el Ceapas el responsable de asumir la prestación del servicio básico a los ciudadanos.

El caso tendría que ser analizado detenidamente por el Congreso del Estado antes de que avance, pues, de liberarlo, podría provocar una reacción en las demás juntas de agua potable que arrastran también millonarias deudas con proveedores, lo cual los mantiene limitados en el mejoramiento del servicio y el crecimiento de la infraestructura para la ciudad.

La crisis que embarga a la mayoría de las juntas municipales no es otra más que la ineptitud de las Administraciones para aumentar la eficacia en el cobro de los servicios.

Existen casos absurdos como en el San Ignacio y Concordia, donde la omisión del pago llega a rebasar el 50 por ciento de los usuarios. Los intereses de grupos políticos han incidido en el crecimiento del problema, pues las Administraciones asumen compromisos electorales que luego se traducen en privilegios.

¿Ejemplos? En Escuinapa las oficinas de la CTMy el PRI pagan 100 pesos al mes.