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La democracia como derecho

En las discusiones especializadas sobre los derechos humanos hay una pregunta que recibe respuestas opuestas: ¿es la democracia un derecho humano? Se trata de una pregunta difícil, pues involucra la relación entre las personas depositarias de los "derechos humanos" y un sistema político específico sobre el cual las mismas personas tienen opiniones variadas a favor o en contra de él.

No obstante, la democracia ha sido colocada en algunos instrumentos internacionales como un derecho. En particular, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos en su Artículo 7 señala que la democracia es "indispensable para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos". De este modo, para los Estados signatarios de la Carta, que son los miembros de la OEA, sin democracia no se satisfaría el criterio necesario para ejercer libertades fundamentales y derechos humanos. En estricto sentido, según la Carta la democracia es un derecho, no necesariamente un derecho "humano" reconocido en las convenciones y tratados de derechos humanos, pero si un derecho cuyo ejercicio es una precondición de los derechos humanos. Podríamos legítimamente inferir que si no van juntos, democracia y derechos humanos, estos no pueden realizarse.

Pero hay razones más profundas para considerar "derecho humano" a ciertas condiciones de la democracia como sistema político. Para comenzar hay que asumir que lo que llamamos "democracias" no son sino "poliarquías". Es decir, no son propiamente la realización del "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" según la definición clásica, sino sistemas de poder distribuido y equilibrado con contrapesos en los que se diferencian los gobernantes de los gobernados, y éstos eligen a aquellos periódicamente.

Sin embargo, la aspiración de perfeccionamiento de estas "poliarquías" para perfeccionarlas requiere de la institucionalización del principio de igualdad de voz para todas las personas. Esa igualdad de voz solamente la puede proporcionar la democracia, al menos en la versión mínima descrita arriba y cualquier conculcación de este principio por un grupo, inclusive si es mayoritario, obliga a quienes defienden el principio de igualdad como derecho humano a la "complicidad" o a la "subordinación".

Ambas condiciones son inaceptables bajo el derecho a la igualdad establecido en el Artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. En una formulación muy sugerente, el filósofo Thomas Christiano ("The Constitution of Equality" y otros textos) establece tres condiciones de los sistemas políticos para cumplir con el principio de igualdad de voz. El primero es que todos los individuos deben tener igualdad de voto en la determinación de quién gobierna. La segunda incluye la igualdad de oportunidades para ser electo gobernante, lo que involucra a todas las libertades y derechos cívicos y políticos. Y la tercera es el apego al estado de derecho al menos en el control de la judicatura sobre el Poder Ejecutivo.

Solamente cumpliendo con estas condiciones se consigue evitar la subordinación o la complicidad de los ciudadanos respecto de las formas tiránicas de gobernar. Además, la igualdad de voz tiene una consecuencia fundamental para la definición de los derechos humanos en el orden internacional, que es su ámbito de institucionalización por excelencia, pues los ciudadanos deben tener garantizado el derecho de representación a la hora de decidir qué es un derecho humano a través de sus gobiernos y representantes. Posiblemente esta visión es muy exigente, pero al menos permite saber en donde están paradas las poliarquías prevalecientes y el camino que deben seguir para evolucionar hacia formas de democracia superiores.