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La desigualdad de los iguales

La igualdad ante la ley es un axioma justiciero del derecho moderno. Este principio origina lugares comunes como la justica "ciega" que permanecen enclavados en la mitología jurídico-política y en la exigencia de los ciudadanos al poder. La abundante iconografía y estatuaria de las transformaciones liberales y republicanas de los siglos XVIII a XX da cuenta de ello. Pero, hasta qué punto ese principio republicano y liberal contribuyó o contribuye al incremento de condiciones de igualdad.

Hoy en día está a la moda hablar de desigualdad. No es una casualidad. Los retrocesos en materia de equidad de condiciones sociales ponen en cuestión la organización económica prevaleciente y la capacidad del orden jurídico para ser vehículo de realización de derechos reconocidos. Las musas de la regresión han sido la eficiencia en los mercados y voltear la espalda a las "conquistas" del estado social, consideradas como una carga insostenible. Y cada vez más se dilata la convicción de que ambas quimeras fueron a tal extremo concebidas y aplicadas que terminaron por conculcar las configuraciones positivas a que había dado lugar aquel apotegma liberal y republicano. El derecho y la justicia puestos al servicio de los poderosos. ¿Qué, sino eso, fue lo que ocurrió con los descomunales rescates del capital financiero en las crisis económicas de los años noventas y dos miles? En ellos se puso por encima el derecho de propiedad de los banqueros por encima del derecho de propiedad de ahorradores y contribuyentes. Fue, en dos palabras, una exacción política practicada por el Estado, más al estilo de las usanzas facciosas del siglo XIX contra los trabajadores que al de la protección del interés conjunto de la sociedad en la segunda posguerra. Si hubiera sido al revés, las finanzas públicas hoy no serían tan deficitarias, ni se impondría con tal intensidad la urgencia de reformar la fiscalidad del Estado, como está ya pasando en diversas latitudes para recuperar lo desandado y, de paso, la sensatez.

El tema de la desigualdad no es un problema esencialmente jurídico, como lo reclamó el viejo liberalismo republicano, sino primordialmente político. No es la igualdad jurídica la que necesita ser restaurada, sino la igualdad política para recuperar la primera y avanzar en la económica y social. Contra el naturalismo anti-igualitario se levanta la evidencia: los grados de desigualdad efectiva de la gente sí varían y se reducen conforme se da una organización diferente de la economía política. La investigación sobre las formas de desigualdad, marginación y destitución social muestran claramente que se trata de una problemática multifactorial y que ahí donde ciertas condiciones están presentes la desigualdad disminuye. ¿Por qué Uruguay es más igualitario que Argentina o que México? ¿Es simple casualidad que en el primero haya mejor nivel educativo promedio de la población que en la segunda y el tercero, cuyos sistemas educativos han sufrido catástrofes? La diversidad étnica, cultural o de género cuenta. Las condiciones de arranque que rodean a los individuos en sus vidas determinan acceso abierto o restringido a oportunidades. La imparcialidad en la aplicación de la ley, drásticamente enrarecida en nuestro país, importa para definir el acceso al bienestar. Está claramente demostrado en los estudios históricos que el origen de la diferencia entre sociedades más igualitarias y sus antípodas radica en dos condiciones fundamentales cuya ausencia o presencia hace la diferencia: acceso abierto a todos los miembros de la sociedad e impersonalidad en la aplicación de las normas, principios de los que no tenemos "costumbre". Evadir estos argumentos de la ciencia, mantener tozudamente la creencia infundada en las manos invisibles que han de arreglar las cosas sin tener que ocuparnos de ello es complicidad con las causas de la desigualdad.