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Opinión

La inconstitucionalidad legislativa

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL
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Por: Redacción

Ante una reforma que violenta el derecho de expresión y que representa un grave error de los diputados locales, la posibilidad de una controversia constitucional contra la #LeyMordaza sentaría un precedente contra el Poder Legislativo en Sinaloa.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está elaborando un proyecto de acción de inconstitucionalidad contra el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalide.

Esta acción legal, sustentada en el Artículo 105 constitucional, da al Poder Judicial la posibilidad de actuar en contra de actos donde evidentemente se violenta la legislación federal.

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Los diputados aprobaron a ciegas, y sin medir la afectación para la sociedad, una reforma que no sólo atenta contra el trabajo de periodistas y de medios de comunicación, sino también contra la ciudadanía que tiene el derecho a la información.

Ni los legisladores, mucho menos quienes desde las cúpulas de poder orquestaron esta represión legal, han reconocido cuál era la verdadera intención del 51 Bis, aunque salta de inmediato un fallido intento para que no se difunda la realidad violenta que se vive en Sinaloa.

Tampoco midieron la unión histórica de medios locales, menos que la noticia se multiplicaría por millones tanto en México como en periódicos y noticieros internacionales que criticaron la incapacidad de los diputados y el autoritarismo del gobernador.

Al margen de los compromisos o si los diputados aprobaron a ciegas esta medida, resulta preocupante que, quienes deben elaborar las leyes, lo hagan violando la Constitución federal.

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El rumbo que tome la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la revisión de una controversia, seguramente será histórica. Ciudadanos y medios de comunicación esperan que, ante todo, se cumpla el estado de derecho.