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La misión del INE

En México ningún actor político puede considerarse ya hegemónico; los partidos que ocupan los distintos gobiernos y puestos de representación a nivel federal y en las entidades de la República y los municipios saben que pueden ser sancionados por el voto de los ciudadanos, y eventualmente reconocidos por los electores si el desempeño es correcto. Pero las oposiciones también saben que no están condenadas irremediablemente a serlo. Esta certeza, la de que la democracia es un juego abierto, oxigena y hace posible la coexistencia política pacífica de los mexicanos.

Por supuesto son múltiples, incluso añejos, los desafíos del país. La abismal desigualdad social, la pobreza extendida y la precariedad del Estado de derecho son los males que lesionan la calidad de vida de la población cada día. Pero esos problemas han de ser enfrentados en código democrático, por lo que no hay atajos a la democracia ni sustitutos de las elecciones libres. El sufragio sigue siendo el instrumento más poderoso que tiene cada individuo, con independencia de su posición social, para cambiar el destino del país y para incidir en la vida pública. Por eso la misión del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) es fundamental. Sin elecciones libres y genuinas no hay cimientos para una democracia más robusta; del voto ciudadano sigue dependiendo la legitimidad de las instituciones públicas y en el respeto al voto empieza la edificación del Estado democrático de derecho.

No puede minusvaluarse la importancia del sufragio y de las elecciones auténticas. Como sostenía Carlos Pereyra: la democracia siempre es política, representativa, pluralista y formal. Y en eso consiste la razón de ser del INE: en permitir que la pluralidad política de la sociedad se exprese y se represente formalmente.

A veces se afirma que México tiene sólo una democracia electoral, pero vale decir que no hay democracia en el mundo que no sea electoral, y no hay democracia social y económica que no sea en primer lugar democracia política y electoral. Por eso, si bien en el INE no se procesarán ni resolverán los problemas de la equidad social, sí debe garantizarse la igualdad política de los ciudadanos para ejercer y hacer valer con toda libertad su voto.

El 4 de abril tomó protesta el Consejo General del INE; la elección de los consejeros recibió el respaldo del 90% de los legisladores presentes en la sesión de la Cámara de Diputados. Es una designación de los responsables de conducir al INE con pleno apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, y ahora, de máxima publicidad establecidos en la Constitución. No es una designación de representantes partidistas, sino una designación de funcionarios al servicio del Estado mexicano.

La obligación de apegarse a los principios constitucionales de independencia e imparcialidad no sólo es para el Consejo General como órgano colegiado, sino para cada uno de sus integrantes con voto. La imparcialidad del INE no será fruto de la suma de parcialidades.

La autonomía del INE no es sinónimo de autarquía, pues siempre estará obligado a aplicar las leyes elaboradas por el Poder Legislativo y estará sujeto a las resoluciones del Tribunal Electoral.

Ahora el INE ha de ejercer su autonomía frente al gobierno federal y los partidos, pero también frente a los poderes locales y los poderes privados. Esa autonomía sólo se construye de una manera: ejerciéndola. Por eso es una buena noticia que el secretario ejecutivo del INE haya sido designado el viernes anterior sin la intromisión del gobierno ni de partido político alguno.

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