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La punta del iceberg

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

El saqueo del erario que hacen los fines de trienio, alcaldes y funcionarios, y práctica que igual es común al concluir los sexenios, son actos de corrupción que para nadie que tiene dos dedos de frente son desconocidos, lo que se evidencia por la comalada de ricos que de los ayuntamientos y gobiernos del estado, surgen cíclicamente.

Lo que hoy, a raíz de la revisión de las cuentas públicas que documenta la Auditoría Superior del Estado, en cuanto a las autoliquidaciones a funcionarios y presidentes municipales que se asignaron, es apenas la punta del iceberg.

Si quienes operan las administraciones públicas recientes se atrevieron a literalmente robarse ya de salida los dineros públicos, la sociedad se pregunta: ¿Qué otras tropelías habrán cometido durante los tres años que tuvieron a su disposición las arcas de los bienes comunales?

La vox populi desde siempre ha tenido la percepción de que quienes usufructúan el poder, ya en los gobiernos locales, ya en el del Estado, más que administrar para bien, se dedican a maquinar para aprovecharse y embolsarse los recursos.

La cloaca que destapa la ASE, hace muchos trienios y sexenios que despide fétidos olores, la diferencia si acaso la hace hoy, el hecho de que se da a conocer públicamente, pero además plenamente documentadas todas las anomalías.

Que hay que regresar el dinero que arbitraria e ilegalmente se echaron a la bolsa algunos alcaldes, regidores y sus principales colaboradores, es en principio una obligación moral y exigencia de la ASE so pena de ser enjuiciados penalmente.

Obligar a que se reintegre lo que se llevaron los alcaldes y sus "cuatachos", sirviéndose con la cuchara grande, ciertamente tendría que ser la primera acción que exijan las autoridades competentes, para al menos resarcir en parte el daño patrimonial que debe ser mucho mayor, si nos atenemos a que estuvieron tres años en el poder.

Con ser la devolución de los dineros algo obligatorio, no debe ser suficiente, pues se cometieron ilícitos y, por lo tanto, lo que debe proceder es la aplicación de la ley, para que al menos sirva de advertencia a los nuevos sucesores.