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La reforma del Estado que requiere Sinaloa

POLITEIA

No está de más insistir en esto: una reforma del Estado que se precie de serlo, tiene que preparar a la sociedad para enfrentar sus dilemas de vida asociada en un horizonte temporal de al menos una generación. Debe suponer, en consecuencia, un proyecto global de cambio y transformación que abarque todo el andamiaje jurídico, político y administrativo para dar sentido a la modernización de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales en una sociedad determinada.

El caso es que, entre nosotros, no se conoce aún un proyecto global de reforma. La experiencia de sociedades que han emprendido transiciones del autoritarismo a la democracia —que no es para nada el caso nuestro—, han sido exitosas porque han contado con una carta de navegación respaldada por un amplio consenso social. Compromisos por Sinaloa se va desgranando por partes, y ello contribuye a un ambiente de incertidumbre sobre sus alcances reales y a críticas sobre su auténtica capacidad transformadora.

Ayer, miércoles 14, se entregó por parte del secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas, y los dirigentes de los ocho partidos que están en la Mesa de Compromisos, el segundo paquete de iniciativas reformistas, sin duda de mayor calado que el primero, pues apunta a aspectos clave del cambio institucional, y que son decisivos para la construcción de proyectos de futuro, dar certidumbre a los intercambios, ampliar el espacio para el ejercicio de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, y atender con eficacia problemas de desigualdad y pobreza.

Nadie puede dudar que se trata de reformas institucionales relevantes. Tienen que ver con las necesidades de un mejor Estado de derecho, con normas y leyes propias de una sociedad moderna, que rompa con la impunidad rampante y garantice la igualdad de todos ante la ley. Advierto que tal es el espíritu de esas iniciativas, y corresponderá a los partidos y a la ciudadanía asegurar que se haga realidad limitando la discrecionalidad con que hasta ahora se manejan las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

La iniciativa de reforma constitucional que confiere autonomía a la Procuraduría General de Justicia, es decir, la creación de la Fiscalía General del Estado como organismo autónomo, es una vieja demanda política que por fin se atiende. Puede y debe ser un freno a ejercicios arbitrarios del poder que han dejado una sociedad muy agraviada.

Puede ser decisiva para evitar que criterios políticos se superpongan a criterios jurídicos, se respeten plenamente los derechos humanos y en verdad funcione el sistema de justicia penal. Puede ser un paso fundamental en el propósito de construir la sociedad moderna que estamos empeñados en construir en Sinaloa.

Estado de derecho e instituciones de calidad son fundamentales en el mundo moderno. Digamos, siguiendo al World Economic Forum, que es uno de los 12 pilares en los que se sustenta la competitividad de las sociedades actuales, entendida como "el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país."

Diría que las iniciativas van avanzando, y que las anunciadas para el tercer paquete, entre las que se incluyen reformas políticas, pueden confirmar una reforma del Estado en serio. La que necesita Sinaloa en el horizonte de una generación.

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