Conéctate a El Debate

O conéctate con...

Usuarios registrados

Cancelar

0 0

La reforma energética necesita a la izquierda

Dada la trascendencia que tiene la reforma constitucional en materia de petróleo y energía eléctrica, cabe preguntarse: ¿qué hará la izquierda durante el debate y votación que se dará en el Congreso de la Unión?

La pregunta es relevante por varias razones.

Para empezar, está en bandeja de plata la oportunidad de mostrar que la izquierda sí es opción de gobierno porque sabe proponer y construir aun en la adversidad. Dos, que sí sabe cuestionar y debatir más allá de tomar las tribunas del Senado o la Cámara de Diputados para interrumpir votaciones. Tres, que sí tiene propuesta de política energética con objetivos e instrumentos, más allá de convocar a una consulta popular.

Con la reforma constitucional el Estado mexicano dejará atrás el modelo de regulación del sector hidrocarburos y de la industria eléctrica que lo caracterizó: monopolios de Estado a través de organismos públicos descentralizados. Al permitir la competencia, con la entrada de la participación de empresas privadas, la izquierda le haría un flaco favor a la sociedad si se abstiene de participar en el nuevo diseño institucional de la regulación y supervisión del sector energético. Tienen una tarea muy puntual: asegurar con inteligencia y destreza los controles, límites y candados que deben aplicar los nuevos reguladores a los privados para cuidar el interés público y evitar la simulación. Ya no se vale decir que sólo con monopolios de Estado se protege el interés público. El modelo se agotó y su costo en crecimiento económico y generación de empleos ha sido inmenso.

El debate sobre la reforma energética tiene más de 20 años. Que algunos no se hayan percatado de las intensas discusiones al respecto, simplemente es porque no se han tomado la molestia de informarse. De alguna u otra forma en todas las crisis económicas y financieras el sector energético se ha visto involucrado como actor y víctima, pues forma parte de las finanzas públicas. En estas crisis, la restricción presupuestaria ha mordido fuertemente el sector energético en manos del Estado.

En 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la participación privada en la generación de electricidad. Luego con la crisis de 1994-95, la restricción financiera apretó más, y se introdujeron los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, conocidos por su apodo pidiregas (proyectos de impacto diferido en el registro del gasto), que acabaron por mostrar que la debilidad de los monopolios de Estado no es por falta de recursos para invertir, sino por mala organización, corrupción e ineficiencia. El Congreso de la Unión no se cansó de aprobar cuanto pidiregas se incluía en el presupuesto federal.

¿Ya se nos olvidó por qué el presidente Zedillo propuso la reforma eléctrica en la segunda mitad de su sexenio? Con tasas de crecimiento económico de más del 4%, el sistema eléctrico nacional carecía de las reservas en capacidad de generación para atender los picos de demanda de electricidad. El país estuvo al borde de un apagón.

Es cierto, el debate no ha sido ordenado ni sistemático. Tampoco ha sido amigable. Sin embargo, ahora la izquierda tiene también la oportunidad de mostrar que es proactiva con propuestas para enfrentar los nuevos riesgos que se dan por regulación y supervisión deficientes. ¿Se aprendió la lección del quebranto de la banca mexicana por falta de buena regulación y supervisión?

La izquierda tiene todo para fortalecer transparencia y rendición de cuentas, dadas las nuevas facultades de las autoridades con grandes poderes discrecionales. Hay mucha tela de donde cortar para evitar actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos que tendrán en sus manos las licitaciones y los términos financieros de los contratos.

Y donde más podría aportar la izquierda, si su discurso de defensa de Pemex y CFE guarda congruencia, es exigir que las nuevas empresas productivas de Estado sean de verdad empresas. En el nuevo paradigma sale sobrando que el Congreso de la Unión autorice los techos de deuda y de servicios personales. Si de verdad van a competir, necesitan capacidad y velocidad de respuesta; los mercados financieros se encargarán de introducir la disciplina. ¿O es que habrá garantía soberana al endeudamiento? Poco valor le darán a México si de facto Pemex y CFE son en realidad organismos públicos descentralizados light.

[email protected]