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Opinión

Las personas en lo personal titulares de los entes de gobierno señalados en sentencia de amparo como obligados son responsables por su incumplimiento

Sociedad y derecho

Por Juan Bautista Lizárraga Motta

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Uno de los grandes problemas en la impartición de justicia lo encontramos precisamente cuando se pretende ejecutar una sentencia en la que se ordenó a un ente de gobierno que realice un acto (por ejemplo: el pago de una indemnización, lleve a cabo una acción, etc.).

Ello por la prácticamente inexistencia de instrumentos legales para hacer efectivo, por la fuerza, lo ordenado en una sentencia.

La legislación dispone que al tratarse de entidades gubernamentales, no hay peligro en que se nieguen a cumplir con lo ordenado en una sentencia, pues estos, por encima de todos, tiene el mayor interés de que se cumpla la ley, por lo que no se les dictarán mandamientos de ejecución ni providencias de embargo para hacer cumplir las obligaciones a su cargo ordenadas en las resoluciones en las que intervengan. Como se aprecia en el primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 4º, el cual dispone: “Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes…”

La intención del legislador en cuanto a darles este trato diferenciado a las autoridades encuentra también justificación en que, al desempeñar estas un servicio público el cual por su misma naturaleza no puede dejar de prestarse, en el evento de que se les embarguen sus bienes, los cuales necesitan para la prestación de sus servicios, ello pondría en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

Sin embargo, en la realidad muy frecuentemente las autoridades se aprovechan de esta disposición, dándole un uso indebido, como si se les hubiera conferido inmunidad judicial, con cualquier excusa omiten cumplir con la ejecutoria de las sentencias, haciendo nugatoria la correcta impartición de justicia.

El pasado viernes 13 de mayo del año en curso el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta publicó la jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2024571, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN

Este importante criterio dispone la necesidad de sancionar a las personas físicas que están al frente de los órganos colegiados administrativos cuando se rehúsan a cumplir con lo ordenado en una sentencia de amparo.

La tesis se refiere al derecho humano a la completa impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, el cual no se colma con el sólo dictado de la sentencia definitiva en un procedimiento jurisdiccional, pues se requiere que esta se cumpla.

Hace referencia a un juicio de amparo en el se otorgó la protección constitucional para que una autoridad administrativa colegiada responsable llevara a cabo un acto cuya omisión fue la generadora de las violaciones de los derechos humanos reclamadas.

La sentencia de amparo que le da el gane al quejoso (persona que interpuso la demanda) ordena a la autoridad responsable que realice el acto administrativo omitido.

No obstante lo ordenado por la ejecutoria de amparo, la autoridad administrativa responsable sigue siendo omisa en llevar a cabo el acto ordenado.

En estos caso, cuando la autoridad obligada no da cumplimento a la sentencia de amparo, el artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones.

Estas penas serán impuestas en lo personal a las personas titulares del ente administrativo requerido, por así disponerlo el artículo 269 de la Ley de Amparo que establece que: “la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento”.

Es decir, lo que establecen los preceptos legales aludidos es que, en cuanto al sujeto al que se debe imponer las penas en caso de desobediencia a lo ordenado en la sentencia de amparo, la responsabilidad en torno a dicho incumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en las personas físicas, titulares del ente legal que fue apuntado como obligado al cumplimiento de la sentencia de amparo.

La justificación para esta medida se encuentra en que no sería lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así, no se lograría acabar con esta mala praxis.

Por ello, en tratándose de entes colegiados administrativos (como pudiera ser el cabildo de un ayuntamiento municipal), y también, en la opinión de un servidor, como de entes unitarios (ejemplo: tesorero municipal, etc.), el juzgado que lo requiera debe identificar a las personas que lo integran, para que en caso de incumplimiento se sancione a estas en lo personal.

Lo anterior porque sería insuficiente que el juzgado le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo componen.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad ¡Hasta pronto!
 

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