Conéctate a El Debate

O conéctate con...

Usuarios registrados

Cancelar

Las responsabilidades de los integrantes de los ayuntamientos

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

El tema de las responsabilidades de los servidores públicos en México ha estado regulado desde la época colonial. Como país independiente ha figurado en las diversas constituciones.

Sin embargo, a nivel constitucional hemos tenido, por muchos años, una enorme laguna en cuanto a cobertura se trata, ya que la Ley Suprema ha dejado fuera por muchísimas décadas, a los integrantes de los ayuntamientos.

La Constitución original de 1917 comprendía únicamente dentro del régimen de responsabilidades a los senadores y diputados al Congreso de la Unión, a los magistrados (hoy ministros) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los secretarios de Despacho y el procurador general de la República, por delitos, faltas u omisiones cometidas durante el tiempo de su encargo.

Asimismo, incluía a los gobernadores de los estados y los diputados a las legislaturas locales, por violaciones a la Constitución y las leyes federales.

También consideraba al presidente de la República, pero sólo podía ser acusado por traición a la patria, y por delitos graves del orden común.

Dicha disposición original se mantuvo intacta hasta el 27 de diciembre de 1982, y su primera reforma aparece publicada un día después de esta fecha en el Diario Oficial de la Federación. En ella se amplían los servidores públicos que abarcaba el régimen de responsabilidades, omitiendo de manera expresa a los integrantes de los ayuntamientos.

Luego le sucedieron otras cuatro reformas (de la 2da a la 5ta) y también omitieron de manera expresa incluir a dichos integrantes. Hasta que por fin fueron incluidos en la 6ta reforma practicada al referido artículo 108, publicada en el mencionado órgano oficial, el día 17 de junio del año en curso, es decir, hace sólo doce días de ello.

Esto constituía una enorme laguna constitucional, ya que sin su contenido expreso, provocaba serios problemas de interpretación y aplicación de la Ley Suprema. Hoy está de manera literal y por ello ya no requiere de una compleja interpretación constitucional. Por lo que será más fácil su aplicación para los operadores del derecho.

Con esta última reforma, por fortuna, mete en cintura a dichos integrantes de los ayuntamientos al régimen de responsabilidades de carácter federal, por violaciones a la Constitución General de la República y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos federales.

Esto significa, que los integrantes de los ayuntamientos (entiéndase por estos a los presidentes municipales, regidores, síndicos procuradores y a todos los servidores de la administración pública municipal que hay en el país, ya sea centralizada o descentralizada) serán sujetos del régimen de responsabilidades de índole federal, según la naturaleza de su conducta trasgresora, que puede ser de tipo administrativa, civil y hasta penal, o las tres simultáneamente.

Ahora los recursos federales de los distintos ramos que se transfieren por la federación a los ayuntamientos y que son enormes, estarán mayormente resguardados, y ello abonará a que haya menos corrupción en el llamado tercer nivel de gobierno en el país, y a que sean más pulcros gobiernos y las administraciones municipales en México.