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Las tribulaciones del auditor

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho revelaciones muy serias sobre problemas que enfrenta el cuidado del dinero público. Presentó la revisión realizada al último año de gobierno de Calderón ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Más de mil revisiones a 379 entes públicos que incluyen 127 dependencias y entidades de los poderes de la Unión, 4 órganos autónomos, 19 instituciones públicas de educación superior, 31 estados y 190 municipios, el gobierno del Distrito Federal y 7 de sus demarcaciones territoriales dieron por resultado 13 mil 824 observaciones, de las cuales 4 mil 768 fueron solventadas en el transcurso de las auditorías. Las restantes 9 mil 056 dieron lugar a la promoción de casi 11 mil acciones. De estas, 40 por ciento son medidas correctivas a las dependencias analizadas. Del total de auditorías practicadas, 11 fueron catalogadas como "forenses", es decir, en ellas se presume un manejo irregular de los recursos públicos ejercidos. Los presuntos desvíos de recursos públicos que la ASF detectó en la cuenta del 2012 ascienden a 4 mil 300 millones de pesos.

Además, el saldo por recuperar del ejercicio 2011 asciende a 40 mil millones de pesos. Luego de efectuar actualizaciones y recuperaciones queda un saldo de más de 26 mil millones de pesos por justificar al 31 de diciembre pasado.

De acuerdo con la ASF, las cinco dependencias con un mayor número de irregularidades fueron las secretarías de Educación Pública, Energía, Sagarpa, Hacienda y Salud. A nivel estatal, el mayor número de irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos se concentró en Michoacán, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Jalisco.

La ASF propuso la creación de un tribunal que decida las sanciones contra los funcionarios que incurran en irregularidades en el manejo de los recursos públicos. En diciembre, el Senado avaló la comisión anticorrupción, tras un año de desacuerdos en el tema, y en enero el presidente Enrique Peña Nieto lanzó un comunicado donde se hace referencia a esta comisión, aunque se esperan los detalles para su instauración.

Por otra parte, la reforma constitucional de transparencia dota de autonomía al IFAI, además de incorporar la obligación de transparentar y proporcionar información a toda organización, persona física y moral que reciba recursos públicos. Con esto se amplía el catálogo de sujetos obligados directos.

Además, esta nueva disposición señala que las entidades federativas tendrán que adecuar sus constituciones locales para fortalecer los órganos responsables de proteger el derecho de acceso a la información. De manera adicional, esta minuta incorpora un nuevo elemento que obliga a los servidores públicos a rendir cuentas y generar transparencia respecto a los actos de autoridad, aspecto que amplía el espectro de supervisión de los funcionarios.

La reforma fue aprobada en el Senado el pasado 20 de diciembre, se remitió a la Cámara de Diputados para ser aprobada el 22 de agosto de 2013. El 26 de noviembre de 2013 se remitió a las legislaturas estatales y el 22 de enero de 2014 se remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Si contrastamos la información proporcionada por el auditor con las medidas que se han estado instituyendo deberíamos esperar que, efectivamente, se emprenda un combate frontal a la corrupción. No obstante, al final de cuentas los poderes Legislativo(s) y Judicial(es) son los ámbitos terminales donde toda denuncia o irregularidad deberá ser corregida y es ahí donde se requiere mayor incidencia aun antes de que en 2018 se instituyan la Fiscalía General.