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Legislar contra la independencia electoral

No decimos nada nuevo al afirmar que esta reforma electoral se caracterizó por su apresuramiento. Fue apresurado embarcarnos en la aventura de modificar sustancialmente la arquitectura institucional sin mensurar adecuadamente sus implicaciones; lo fue el no haber tenido un espacio de reflexión sopesado sobre algunos temas clave de la competencia electoral, y lo está siendo en estos momentos en que a pesar de las dudas que surgen por doquier, los legisladores deben proceder de inmediato a la aprobación de la legislación electoral.

La velocidad con la que se están gestando las reformas electorales puede llevar a generar reglas confusas, a caer en omisiones, a decidir irreflexivamente, a incurrir en excesos y en el extremo, actuar en contravención del espíritu de la reforma. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en varios estados, en donde la aprobación de las reformas evidencia la intención de limitar el ámbito de actuación de los institutos electorales a través de la presencia de figuras que tienen el propósito de mantener un evidente vínculo de sujeción con el poder político local, cuando la reforma se hizo precisamente para evitar cualquier tipo de injerencia en el ámbito reservado a la decisión técnica y especializada de los árbitros electorales.

La injerencia se advierte de menor intensidad en aquellos casos en los que aprovechando que la LGIPE establece enunciativamente la conformación de los consejos generales, se intenta revivir la participación de los representantes del Poder Legislativo como mecanismo para que de la mano con los representantes de partido se genere un ejercicio permanente de presión o intrusión política sobre las decisiones de los renovados consejeros electorales.

De mayor intensidad es la intromisión en aquellos estados que intentan recuperar la influencia perdida en la integración de los órganos electorales mediante la designación política de los secretarios ejecutivos que, como se sabe, asumen relevantes atribuciones administrativas y ejecutivas, ya que les corresponde la instrumentación de las decisiones tomadas por el consejo y, en ese sentido, tienen la capacidad de apuntalarlas o bien de descafeinarlas. Lo mismo sucede con la tendencia a designar desde los congresos a los contralores de los órganos electorales con el claro propósito de maniatar las decisiones administrativas, la asignación y el manejo del presupuesto de la institución.

En este sentido discurren también los intentos de reacomodo de un conjunto de funcionarios electorales adscritos a determinados órganos tanto externos como internos, y que en su mayoría han sido designados bajo criterios políticos, con el objetivo de que en septiembre, al arribo de los renovados consejeros electorales, se encuentren ya posicionados en ámbitos clave de la organización electoral y con un salvoconducto legal bajo el brazo que establecerá la obligación de ratificarlos sin chistar.

Acaso la injerencia que más habrá de lastimar la independencia de las instituciones electorales y de sus consejeros, sea la carencia de previsiones efectivas para garantizar la autonomía presupuestal que hoy, como nunca, resulta inexorable para contar con recursos suficientes y oportunos que permitan hacer frente a las nuevas obligaciones derivadas de la reforma electoral, con lo cual, no se necesita ser adivino para advertir que subsistirán los recortes presupuestales y los retrasos en las ministraciones de recursos, constriñendo a los consejeros a realizar acercamientos políticos que sin duda serán aprovechados para intentar minar su imparcialidad.

Resulta inexorable, en consecuencia, advertir el influjo negativo que este tipo de prácticas puede generar. El INE debe estar atento a estos intentos para atajarlos, o bien, para tomarlos como referente al momento de decidir la delegación de atribuciones a los órganos locales. Se trata de fortalecer la independencia electoral, pero no cabe duda que estamos ante una demostración más de la enorme capacidad de algunos para encontrar los recovecos de la ley, aprovecharse de ellos y sacar un beneficio político propio.

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