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Ley, Constitución y ciudadanía

Reformas constitucionales de avanzada y luego leyes que retroceden, se denuncia a partir de la "ley telecom". Es un asunto que vale la pena examinar. Por el lado positivo se tiene la noticia de que la nueva ley sí contribuye a la competencia económica. América Móvil se anticipó al último eslabón de aprobación y promulgación de la ley y puso en venta acciones para terminar con su preponderancia. Por otra parte, la reglamentación de la radiodifusión dejó muy lejos de lo esperado a la forma de regulación, a las estaciones indígenas y comunitarias, a los medios públicos y, desde luego, a las audiencias de estos. Mientras que en la reforma constitucional los valores de la competencia económica y los derechos de las audiencias parecen tener el mismo nivel, en la legislación secundaria se privilegia la primera en detrimento de la segunda. Hay que notar, no obstante, que si la primera afirmación es cierta, queda abierta la posibilidad de mayores avances en la materia, mientras que, por lo pronto, se ha dado un paso relevante en la desincorporación de las empresas preponderantes, y es de esperar la aparición de nuevos actores y servicios que favorezcan al consumidor. A partir de los reacomodos que se den en las empresas, veremos si realmente la ley impide la concentración monopólica, al menos en la preponderancia por sector.

Asumiendo que los legisladores deben cumplir con su deber de representar a "la nación", no queda claro que en el centro de este concepto estén los ciudadanos; en este caso, bajo su forma de "audiencia". Las posiciones tan encontradas dentro de los mismos partidos, con excepción del PRI que se condujo unitariamente y sin fisuras, revelan diferencias importantes en las definiciones de los partidos políticos al respecto. Es quizás en el PAN en el que las diferencias fueron más expresivas, en particular por las posturas opuestas de su presidente con miembros de su bancada y entre estos últimos. De hecho, las diferencias que se hicieron públicas en estas mismas páginas entre los senadores panistas Lozano y Corral, se asemejan más a diferencias entre partidos contrapuestos que a variantes entre posiciones de uno solo. En el PRD, quizás con menos resonancia pública se habría presentado una situación parecida si no hubiese sido por la directriz que les fue impuesta desde su partido para votar unificadamente en contra.

La vieja idea de que los diputados y senadores son representantes de la nación, da lugar a que los diversos grupos políticos conformados por ellos adopten una imagen diferente de lo que entienden por nación y, por consiguiente, representen intereses asimétricos y opuestos de muy diferentes grupos de la ciudadanía, como los empresarios o los trabajadores, los propietarios de los medios o las audiencias (o segmentos de ambos polos). De hecho, así ocurre por lo regular y esta arbitrariedad no se modera mientras los ciudadanos no adquieren un peso mayor entre sus representantes para que la voz de los primeros se haga voluntad de los segundos. El supuesto carácter inamovible de los intereses económicos y su efecto sobre los poderes públicos, adolece de un problema argumental: no es inamovible. Se puede moderar, transformar, regular y hasta revertir mediante la intervención política de los grupos organizados y a través de mecanismos democráticos. No hay otra forma de explicar las diferencias entre capitalismos tan divergentes como el noruego y el mexicano. Ambos son capitalismos, pero sus regímenes de propiedad y distribución de los beneficios económicos y la representatividad de sus estados son diametralmente diferentes. La larga y asentada tradición parlamentaria del primer caso es incomparable con la reciente y precaria del segundo. Nuestro punto débil no está solamente en esto último, sino en la falta de una relación robusta entre Congreso y ciudadanía.