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Los encapuchados de Chipinque

ESTRICTAMENTE PERSONAL

El presidente Enrique Peña Nieto acudió como invitado de honor a la 32 Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial el viernes pasado, donde les dijo de manera coloquial en estos tiempos de fiebre futbolística, que tuvieran "la camiseta bien puesta para que ganemos todos como nación". Con ese mismo lenguaje deportivo, les insistió que las reformas y la infraestructura les permite tener "una cancha moderna, pareja y con reglas claras". Hay que "salir a ganar", los animó. Los empresarios están profundamente insatisfechos con el gobierno y han utilizado el impacto de la reforma fiscal para abrir fuego en varios frentes. Por el momento, contra el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y contra el de Educación, Emilio Chuayffet.

El fuego comenzó de manera sistemática el 28 de abril, cuando la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, (CAINTRA), tres semanas después de que el presidente Peña Nieto acudió a la toma de protesta de su nuevo dirigente, Álvaro Fernández Garza, divulgó un reporte donde señalaba directamente: "La reforma fiscal es un lastre para la economía. No sólo por el efecto inflacionario, sino porque no estimula la contratación de personal y nos vuelve a cargar la mano a los que ya estamos cautivos. No vemos que se presente un crecimiento real". Desde entonces, la escalada contra Videgaray no se detuvo, y se amplió contra Chuayffet luego de un informe amañado del Instituto Mexicano para la Competitividad, financiado por algunas de esas empresas sobre los salarios de los maestros. Economía y educación son los ejes por los que han buscado históricamente los empresarios influir y controlar.

No es extraño que este arranque de hostilidades haya iniciado en Monterrey. Desde hace 40 años ahí han comenzado las batallas del sector empresarial contra el gobierno, cuando la vieja relación del sector privado regiomontano y el gobierno –con fortunas que crecieron gracias a subsidios, exenciones fiscales y crédito público- se quebró en 1973 por dos factores: el asesinato del fundador del Grupo Monterrey, Eugenio Garza Sada, durante un intento de secuestro guerrillero, y una reunión secreta en el parque Chipinque, dentro del municipio San Pedro Garza García, la sede de los grandes corporativos regios, que fue descubierta por el reportero de Excélsior Manuel Mejido, y políticamente fustigada por Echeverría, quien les endilgó el mote de los encapuchados.

Al día siguiente del asesinato de Garza Sada, los empresarios que se habían organizado en Chipinque, se preguntaban en un desplegado a plana completa publicado en el periódico Tribuna de Monterrey: "¿Hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? ¿Por qué aguantarnos asaltos, robos, asesinatos y terrorismo?". Tres años después de ese conflicto, nació el Consejo Coordinador Empresarial, el reconocido CCE, como respuesta directa a la intervención del entonces presidente Luis Echeverría en la economía, que establece como uno de sus objetivos, la contribución en el diseño de políticas públicas para elevar el crecimiento y el nivel de competitividad.

El quiebre con Echeverría marcó el inicio de una dialéctica de confrontación y búsqueda de subordinación del gobierno ante ellos. Chocaron brutalmente con el presidente José López Portillo por la nacionalización de la banca, y varios empresarios de Monterrey crearon organizaciones políticas vinculadas a grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Entraron en la política activamente y tuvieron en Manuel J. Clouthier, ex líder patronal, su primer candidato presidencial. Su derrota no significó repliegue. En 2000 apoyaron la candidatura de Vicente Fox, y en 2006, cuando la campaña de Felipe Calderón se quedó sin dinero, su coordinadora Josefina Vázquez Mota, se reunió con empresarios de Monterrey para pedirles los fondos que necesitaban. Se los dieron, como también la apoyaron–aunque dejaron de hacerlo al final- en su campaña presidencial.

Los empresarios alcanzaron su máxima meta durante los gobiernos panistas, cuando las dos presidencias negociaban primero con ellos y luego buscaban que lo acordado con los empresarios fuera aprobado en el Senado y la Cámara de Diputados. Una de las razones de la paralización parlamentaria de estos 12 años pasados fue el método que utilizaron Fox y Calderón, que provocó el rechazo de los legisladores. El nuevo gobierno de Peña Nieto les marcó nuevas reglas. Representantes del Presidente les dijeron que serían escuchados tantas veces quisieran, pero no habría negociación con ellos. Las únicas negociaciones que haría el Ejecutivo serían con el legislativo.

En este gobierno dejaron de ser el grupo político que cogobernaba, y pasaron a ser un grupo de presión. El cambio es importante. Adiós al poder bicéfalo que tuvieron con Fox y Calderón; hoy tienen el trato que gozan los organismos y líderes que interactúan con el gobierno, pero no son ellos quienes toman las decisiones en sus dos áreas estratégicas, sino el Presidente. A los empresarios no les ha gustado la pérdida de poder, y los ataques a Videgaray y Chuayffet, se pueden ver como un reflejo de esa molestia. Pero no tienen otra opción, salvo que voltearan al pasado y decidieran revivir a los encapuchados de Chipinque. Racionalmente, esa no es alternativa. El camino se los dijo el presidente, a ponerse la camiseta. No tienen de otra. El poder no les pertenecía.