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Los impuestos, las listas (y yo)

1. Los impuestos, como su nombre lo indica, son una obligación. Una obligación que se entiende. Si queremos vivir en una sociedad medianamente armónica es necesario que todos contribuyamos para las tareas que tiene encomendadas el Estado. No son pocas y resultan sustantivas. No existe, hoy por hoy, sociedad que no tenga la necesidad y el compromiso de contribuir con el gasto público. Los impuestos debieran ser progresivos (que más paguen los que más ganen) y tener un efecto redistributivo (dada la profunda desigualdad que modela al país). Y aunque lejos estamos de eso, la obligación es inescapable y legítima. No debiera existir excusa para cumplir con ese compromiso.

Por ello, me parece una buena medida exhibir a quienes dejan de cumplir con esa obligación. Sean empresas o personas físicas, están defraudando no solo al Estado sino a la sociedad que espera de sus integrantes corresponsabilidad. Es una sanción pública, una fórmula para desestimular el incumplimiento, una manera de desactivar la impunidad. El artículo 69 del Código Fiscal ahora señala que se hará público el nombre, la razón social y el RFC de quienes: "(1) tienen créditos fiscales firmes, (2) créditos fiscales que no han pagado..., (3) no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal, (4) tengan sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal, (5) se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal a partir del 1 de enero de 2014".

Y como dice el titular del SAT, Aristóteles Núñez, es una medida que "privilegia el interés público por encima del interés individual". Porque en efecto, en la materia, la opacidad trabaja en beneficio de los deudores del fisco. Pero hay que saber hacerlo, para, a nombre del interés público, no agredir injustamente la fama de los particulares.

2. Por su parte, "La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente advirtió de una posible violación a los derechos fundamentales de los causantes por la publicación de la lista de morosos... Consideró que el sistema no puede ejercer esta nueva facultad... si no lo hace con estricto apego y respeto a los derechos de los contribuyentes que están establecidos en la Constitución... En un estado de derecho es requisito indispensable que cualquier acto de molestia de las autoridades hacia los ciudadanos, sea precedido por una resolución, fundada y motivada, como en otras ocasiones ya lo ha sostenido la Suprema Corte".

Y la Prodecon también tiene razón. Porque el SAT, si no se maneja de manera correcta, ofreciendo garantías a los eventuales deudores, estará cometiendo un abuso de autoridad y dañando la reputación de "presuntos culpables". Por ello, el procedimiento para dar a conocer las listas debería ser el quid de la cuestión a cuidar.

3. Es importante establecer un procedimiento que le ofrezca por lo menos la garantía de audiencia a los presuntos transgresores. Si eso no sucede, estaremos abriendo la puerta a los abusos de autoridad. Es en ese terreno donde la discusión debe precisar las obligaciones y derechos de las personas y las facultades y límites de la autoridad. Si ello no sucede, queriendo atender un grave problema se generarán otros.

4. En 10 años en Reforma jamás he utilizado estas páginas para hablar de un asunto personal. Ahora lo hago porque ilustra lo hasta aquí escrito. El sábado 4 de enero un amigo me habló para decirme que en Twitter algunas personas señalaban que mi nombre aparecía en la lista de deudores del SAT. Le dije que eso era imposible. Pago mis impuestos mes a mes de manera puntual y escrupulosa. Mi dirección fiscal es mi domicilio particular. Y no he recibido ningún oficio de Hacienda señalando que tenga algún adeudo o problema. Es decir, jamás fui notificado de algo. Al consultar la lista me entero de que no aparezco entre los deudores, sino como "no localizado". ¿Qué quiere decir eso si mi domicilio fiscal -repito- es en el que vivo? El titular del SAT afirmó que los que aparecemos en la lista estábamos informados. No creo que sean lógicamente compatibles dos afirmaciones que hace el SAT: "no lo encontramos" y "estaba informado". Sin embargo, el daño está hecho.

¿Hay alguna posibilidad de que el SAT nos ofrezca una disculpa? ¿Debo iniciar un juicio por daño moral? Yo tengo este espacio para aclarar mi caso, pero ¿cuántas personas no encuentran una vía para hacerle frente a un señalamiento oprobioso? Lo dicho: las instituciones estatales no deben -porque si pueden- agredir a particulares de manera discrecional. ¿Cómo puede uno defenderse de esa arbitrariedad?

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