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Malova y Peña Nieto

PUNTO DE VISTA

Es sabido por propios y extraños que la relación entre el gobernador del Estado Mario López Valdez y el presidente de la República Enrique Peña Nieto, aunque fluye en el marco institucional, no es una relación de cercanía ni afinidad política. Mario López Valdez militó en el PRI y se salió de dicho partido para buscar la gubernatura en 2010, y aunque integrantes de su gobierno y su grupo más cercano, encabezados por Gerardo Vargas, regresaron al PRI y se reivindicaron como tricolores en el estado, en el centro del país y en el grupo más afín a los Pinos, siguen viendo al gobernador y su gente como un grupo ajeno y sin relación con el PRI de Peña Nieto. La muestra más palpable es que no los consideraron, ni siquiera para darles una posición, al integrar el Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido, y que tampoco han logrado espacios ni representación en las delegaciones del gobierno federal. La relación es distante e inquietantemente fría del presidente hacia el gobernador del Estado, así que no debiera de echarse en saco roto las advertencias que les han lanzando desde el gobierno federal, sobre posible adjudicación de responsabilidades a funcionarios estatales por un ejercicio irregular de la función pública. Si lo que ha trascendido es real, respecto a que la Auditoria Superior de la Federación promoverá dos denuncias ante la PGR, por un manejo irregular de fondos federales por el gobierno de Sinaloa, en lo que respecta a 13 fondos que fueron destinados en 2012, a los cuales se les dio otros usos que para los que fueron etiquetados, debieran estar preocupados, sobre todo, cuando el propio gobernador en diversos momentos, y el secretario de finanzas, han reconocido que han realizado transferencias de recursos de un programa hacia otro. Según el Código Penal Federal, artículo 217, comete el delito de Uso Indebido de atribuciones y facultades, el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados, imponiéndose una sanción de 6 meses a 12 años de prisión y la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo publico, hasta por 12 años. Seguramente varios gobernadores y funcionarios estatales incurran en esas o más graves irregularidades en el ejercicio del gasto público, pero, si lo que están buscando en gobierno federal es argumentos para exhibirlos y golpearlos, ahí lo tienen, porque en el ejercicio de la política, los excesos e irregularidades se encubren cuando los que los cometen son de casa o propios, no a los ajenos ni adversarios. Y en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, no hay sincronía con el de Sinaloa, y eso se nota desde lejos. Por eso llama la atención, que todavía alimente esperanzas el secretario general de Gobierno Gerardo Vargas, y algunos otros cercanos a López Valdez, sobre la posibilidad de ser candidatos a gobernador por el PRI. Si salen bien librados en el ejercicio de gobierno y no les adjudican ninguna responsabilidad, ya será ganancia, lo otro, el querer ser candidatos del PRI, es soñar despiertos; es ver la tempestad y no hincarse.

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