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Michoacán, como colapso de sistema

INDICADOR POLÍTICO

Convertido en un renegado por decisión propia, el doctor José Manuel Mireles Valverde construyó el primer grupo de autodefensas en Michoacán para enfrentar a las bandas criminales pero derivó en una organización anti sistémica, rebelde e ilegal que quiso tomar el poder para construir un gobierno autogestionario.

Si su origen fue luchar contra bandas del crimen organizado, su exposición mediática lo transformó en un liderazgo social y político limitado, actoral, falso. En una reciente entrevista en la revista Nexos, el doctor Mireles habló de "alzarnos en armas" y hoy aparece sumiso rumbo a la cárcel.

El fenómeno de las autodefensas fue producto de un proceso de desarticulación del Estado --seguridad, hegemonía política, instituciones-- por la capacidad de corrupción del crimen organizado y la pasividad, complicidad y debilidad de las élites gobernantes. Nazario Moreno González y Servando Gómez La Tuta, los dos capos del crimen organizado en Michoacán, se fortalecieron durante el ciclo perredista 2002-2012 y el regreso priista 2012-2014 a través de sus dos organizaciones:

La Familia Michoacana nació en el 2006 durante el gobierno perredista de Lázaro Cárdenas Batel y Los Caballeros Templarios surgieron en el 2011 durante el gobierno perredista de Leonel Godoy. Las dos organizaciones suplantaron al gobierno estatal en todas las áreas --económicas, políticas, sociales y culturales-- y, por tanto, fueron producto de la incapacidad de los gobiernos del PRD y del PRI en el estado.

En la misma lógica de la inexistencia real y formal del Estado federal y del Estado estatal en Michoacán, las autodefensas completaron el cuadro de desorganización institucional. Si La Tuta se convirtió en el gobernador-cacique de Michoacán sin que los gobernadores formales hicieran algo para impedirlo, como reacción, la sociedad se auto organizó para cuando menos poner algo de resistencia al crimen organizado. Pero como siempre ocurre, movimientos sociales sin control oficial o dirección política institucional derivaron también en ilegalidad.

A Michoacán le fallaron las fuerzas vivas institucionales: gobierno, prensa, partidos, iglesia, educación, sector salud. Los últimos gobiernos priistas en la entidad contribuyeron a desarticular las redes de la gobernación pública. Los gobiernos perredistas se dedicaron a administrar la crisis cometiendo el mismo error de los gobiernos priistas de Sinaloa, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas de los años noventa: asumir la delincuencia del narcotráfico como un asunto federal y olvidarse de la responsabilidad estatal. Y el PRI regresó al gobierno estatal sin una agenda coherente.

El punto culminante de la crisis de Michoacán ocurrió durante el gobierno perredista de Leonel Godoy: su medio hermano Julio César Godoy se alió a La Tuta y llegó a ser diputado del PRD. La crisis la agravó el PRI: el candidato priista Fausto Vallejo llegó enfermo a las elecciones y tuvo que abandonar el poder cuando su propio hijo y su secretario de gobierno y hombre de confianza fueron revelados como aliados de La Tuta.

En este escenario, Mireles, La Tuta, Papá Pitufo, los dos Godoy, Cárdenas Batel, el PRD, el PRI, las policías estatales y municipales y la iglesia a través del sacerdote desestabilizador Gregorio López dibujan a Michoacán como estado no viable, totalmente desarticulado en sus instituciones y sin un plan institucional de reconstrucción sistémica.

Y como el gobernador-policía Alfredo Castillo carece de una estrategia de refundación del Estado, Michoacán representa una crisis general de régimen que no se va a resolver con el arresto de Mireles.

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