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Michoacán: el mito de la pacificación

¿La crisis michoacana va en camino de solución? Así parecería, ya que el gobierno federal no para en autoelogios. A principios de abril, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que "en 11 semanas, se percibe [en Michoacán] un cambio por completo". Por su parte, Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, señaló hace pocos días que "lo que hemos visto en las estadísticas de las últimas semanas es una reducción de los índices delictivos".

Desgraciadamente, las cifras oficiales no avalan el optimismo de los funcionarios federales. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 272 homicidios dolosos en Michoacán en el primer trimestre de 2014. Eso equivale a un incremento de 55% con respecto al mismo periodo de 2013. En comparación con el último trimestre de 2013, hay un ligero descenso (-12%), pero que podría deberse a un efecto estacional. Incluso esa mejoría podría ser pasajera: el número de homicidios de marzo fue idéntico al de diciembre y algo superior al de enero.

¿Ese aumento no podría ser un mero artificio estadístico? ¿No es reflejo de una mayor confianza ciudadana, producto del repliegue templario? ¿No es señal de una mayor capacidad para encontrar cadáveres? De ser el caso, los mayores incrementos deberían haberse registrado en Tierra Caliente, allí donde más pesaba el yugo de la delincuencia organizada.

Pero no es allí donde crecieron las averiguaciones previas: en Apatzingán, los homicidios dolosos decrecieron 10% en el primer bimestre de 2014 (aún no se cuentan con datos municipales para marzo) con respecto al mismo periodo de 2013. En Morelia, en cambio, los homicidios dolosos crecieron 62% en el primer bimestre. No se trata, pues, de un problema de registro.

Lo que vale para el homicidio, vale para el secuestro, la extorsión o diversas formas de robo. Simple y sencillamente, no hay evidencia sistemática de una mejoría sustancial de las condiciones de seguridad en Michoacán. No hay nada que permita sostener el desmedido optimismo del discurso oficial.

De hecho, la divergencia entre el tamaño de la intervención y la modestia de los resultados debería obligar a una reflexión de fondo sobre la efectividad del operativo.

Desde enero, el gobierno federal ha desplegado 10 mil elementos en territorio michoacano. Ha contado con las autodefensas como una suerte de cuerpos auxiliares de las fuerzas federales. El comisionado ha podido remover y nombrar a placer a funcionarios de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, empezando por sus titulares. Se han destinado, asimismo, miles de millones de pesos a programas sociales.

Y con todo eso, los homicidios no disminuyen. Con una intervención federal masiva, con el desmantelamiento de la estructura "templaria", con dinero y voluntad política fluyendo a mares, los homicidios no bajan. Ni los secuestros. Ni los robos. Ni (tal vez) las extorsiones.

Algo no está funcionando. Tal vez falte tiempo. Tal vez los resultados serán visibles en algunos meses. Pero tal vez no. Tal vez vayamos en dirección a un fracaso estrepitoso si algo no cambia pronto. Y esa posibilidad debería obligar a una revisión crítica de la estrategia en curso y, sobre todo, de su premisa subyacente: la noción de que el gobierno federal puede arreglar, a golpes de improvisación, por mano propia y sin más instrumento que la voluntad política, los estropicios, negligencias y complicidades de los gobiernos estatales y municipales.

@ahope71