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Michoacán: un caso de federalismo insolvente

Mientras más veo la situación de Michoacán, más pienso en su parecido con la de un banco en quiebra. Cuando esto último ocurre intervienen simultánea y coordinadamente varias autoridades: la del banco central, el regulador y supervisor bancario, la Secretaría de Hacienda y el seguro de depósitos de los ahorradores. De manera similar cuando se trata de un asunto de seguridad, intervienen el Ejército, que equivale a la fuerza del Estado de última instancia, junto con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

En la crisis financiera de 1994-95, México aprendió una lección muy dura. Hubo una reacción macroeconómica muy rápida y eficaz de política monetaria y fiscal, con la que en un tiempo relativamente corto se sacó a la economía de la recesión. El alivio fue tardado para los deudores; sin embargo, sí se protegió a los ahorradores. Después de un largo estira y afloje entre las fuerzas políticas se superó el Fobaproa, que dio lugar: al IPAB; a la modernización de la legislación y regulación bancaria; la transformación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el diseño alertas tempranas y procesos de "resolución", esto es protocolos para dar salidas ordenadas a los bancos en problemas. Eso mismo, pero 15 años después, lo hizo el gobierno de Estados Unidos con la crisis financiera detonada con el exceso crediticio hipotecario que dio lugar a la Gran Recesión.

Algo similar, pero en el ámbito del federalismo en lo general, y en el de la seguridad en lo particular, parece que le hace falta al país. La ausencia de estos protocolos y organización en materia de seguridad para reinstalar a la autoridad e instaurar el orden que devuelva la normalidad es lo que revela el caso de Michoacán. El Estado de derecho se ha colapsado a tal grado que la impunidad, ante la ausencia de autoridad estatal y municipal que haga valer la ley para proteger la integridad física y el patrimonio de su población, ha dado lugar a las autodefensas. Sus habitantes, hartos de la extorsión, secuestro y asesinatos, han tomado las armas para confrontar a la delincuencia organizada y con ello hacerse justicia por propia mano, a sabiendas de que esto no es la solución por las consecuencias terribles que trae consigo.

Sin embargo, esta intervención federal en los gobiernos estatales y municipales no sólo está ocurriendo en materia de seguridad. También se está dando en la educación pública y la deuda pública. Lo que nos obliga a cuestionar si las distintas funciones y responsabilidades del Estado mexicano, que se han venido distribuyendo entre cada uno de los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), permite asegurar de manera eficaz el imperio de la ley en cada metro cuadrado del espacio territorial del que son responsables. En breve, ¿qué le ha sucedido y le está sucediendo al federalismo que no da los resultados esperados? ¿Qué está fallando en la organización territorial que la distribución de funciones y responsabilidades entre órdenes de gobierno, no da para prestar eficazmente servicios públicos básicos en calidad y cantidad que le facilitan la vida a la gente, como garantizar mínimos de seguridad a su población?

Es una asignatura pendiente del Estado mexicano. Nos debe ocupar y preocupar lo observado en Michoacán, así como lo que se está sufriendo en muchas otras entidades de la República Mexicana. La descentralización de la educación básica en 1992, a través del Acuerdo para la Modernización de la Educación, mal llamada "federalización" (sic), con una intención acertada, bajo el supuesto de que los gobernadores actuaran como cides campeadores de la educación pública, fue un rotundo fracaso. Ahora, con la reforma constitucional en materia de educación, el gobierno federal entra al rescate de la quiebra educativa ocasionada por una descentralización mal ejecutada y, peor aún, mal supervisada, aprovechada por conductas sindicales depredadoras. La vuelta a la centralización se da mediante la evaluación del magisterio y el pago de la nómina. En teoría, ahora sí sabremos cuántos maestros de verdad dan clase frente a grupo, más que conocer el número de plazas.

La deuda pública es otro caso. El exceso y abuso de varias entidades federativas, que legislaron a su antojo para dar cabida al endeudamiento para promover clientelas políticas con seudo programas sociales y obras de infraestructura de bajísima rentabilidad social, así como financiar gasto corriente como el pago de pensiones a adultos mayores, está ocasionando una nueva recentralización. Michoacán no ha sido ajeno a estos abusos. En el Congreso de la Unión están por reformar la Constitución para quitarle a los congresos estatales la facultad de legislar en materia de deuda pública, y con ello dotar al gobierno federal de instrumentos para promover medidas de disciplina fiscal. Ya desde 2008, para armonizar la contabilidad gubernamental, se les quitó a los congresos estatales esta facultad.

En la quiebra del federalismo hay un común denominador: impunidad, corrupción, falta de transparencia, ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y, especialmente, un diseño que ha fracasado para distribuir responsabilidades entre órdenes de gobierno acompañada de los medios adecuados para financiarlos con los impuestos que aportan los ciudadanos del lugar. El federalismo fiscal tiene que repensarse para que los impuestos de la gente estén cerca de ellos y se materialicen en bienestar público. Es cierto, las reformas estructurales aprobadas son históricas; sin embargo, con humildad reconozcamos que aún falta mucho por hacer para un crecimiento económico vigoroso y sostenido.

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