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Michoacán y la crisis del sistema

GRAN ANGULAR

Michoacán deja claro que la estrategia de prevención del delito en la que, por lo menos en el discurso, ha enfatizado el gobierno de Peña Nieto, no es suficiente para resolver la inseguridad en un territorio dominado por el crimen organizado, como tampoco lo ha sido el uso de la fuerza como recurso exclusivo.

Con Felipe Calderón fracasó esa estrategia y con Peña Nieto vemos fracasar la que enfatiza sólo en la prevención. De ahí que ahora se rectifique en busca de un equilibrio de ambas y asistamos al enorme despliegue de fuerzas federales que ayer ya controlaban 20 de los 113 municipios del estado, pero ahora con el componente de inestabilidad y riesgo que plantean grupos armados que, le decía en la entrega pasada, se niegan a desarmarse y a desmovilizarse. Unos, porque de manera genuina garantizan así la seguridad de sus personas y bienes. Otros, porque responden a intereses políticos y económicos específicos en una entidad ya fracturada por la violencia y la ingobernabilidad.

De hecho en Michoacán confluyen todas las características de un México con crisis severa en su sistema político, con cada vez un mayor número de expresiones de ingobernabilidad y ruptura del tejido social, pero también con un conjunto de instituciones que se eligen, medio operan y aprueban leyes con una representación cada vez menos respetada.

Si esos mecanismos institucionales fueran sólidos y creíbles, las ausencias e incapacidades por problemas de salud del gobernador Fausto Vallejo debieron haberse resuelto mediante los mecanismos previstos por la Constitución local, es decir, un gobernador sustituto. Pero no, Peña Nieto recurrió al viejo esquema del autoritarismo priísta, si bien no removiendo abiertamente a un gobernador para colocar a otro, sí nombrando a un comisionado federal, una especie de virrey que en los hechos borró y desplazó a Vallejo.

Michoacán, así, será gobernado por Alfredo Castillo, un cercano e incondicional del presidente, que fue fiscal en el lamentable caso de la niña Paulette, luego procurador del Edomex, subprocurador de la PGR (cuña impuesta al procurador Murillo Karam) y hasta hace apenas dos días titular de la Profeco.

INSTANTÁNEAS.

1 IMPUGNACIÓN. Un grupo plural de 23 mexicanos galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, independientes de filiación política alguna, enviaron a la Suprema Corte de Justicia una carta en la que impugnan el decreto de reforma constitucional en materia energética por violaciones graves al procedimiento con que se aprobó. Dicen que acuden a un amparo de doble instancia con el objeto de que la Corte ejerza la facultad de atracción que le concede el artículo 40 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso en que subyace una cuestión de constitucionalidad, a fin de que se pronuncie, con plena jurisdicción, sobre la sustancia del recurso de amparo. Habrá que ver si la Corte da entrada a este recurso firmado por Manuel Peimbert, Luis Villoro, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Federico Silva, Margit Frenk, Vicente Leñero, Margo Glantz, José Alberto Manrique, Graciela Iturbide, Felipe Cazals, Hugo Hiriart, Soledad Loaeza, Lorenzo Meyer, José Agustín, Jorge Fons, Óscar Chávez, Hugo Gutiérrez Vega, Paul Leduc y Javier Álvarez.

2. ACERCAMIENTOS. La ruptura del Pacto por México no hace mella en otros mecanismos de negociación de los políticos. De manera que, muy animados, comieron ayer en el Palm de Polanco los coordinadores parlamentarios de las tres principales fuerzas del país: Manlio Fabio Beltrones, del PRI; Luis Alberto Villarreal, del PAN, y Silvano Aureoles, del PRD, esbozaban desde ya una agenda para las leyes reglamentarias de las reformas energética y de telecomunicaciones. Tema inevitable fue, por cierto, el de la crisis de seguridad en Michoacán.

3. ANIVERSARIO. El SNTE cumplirá el lunes 70 años. Su dirigencia, encabezada por el maestro Juan Díaz de la Torre, ha preparado una serie de festejos que incluirán un evento en el que estará el presidente Peña Nieto.

4. PRESEA. El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que encabeza José Castelazo, reunió ayer a dos cancilleres de primera línea. El hoy magistrado y vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda Amor, y a Fernando Solana. A Sepúlveda le fue impuesta la presea al mérito administrativo internacional Gustavo Martínez Cabañas, que otorga anualmente el INAP.

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