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Millonario rezago

GUASAVE

Tras la polémica generada por la intención del gobierno del estado de asumir el cobro del Impuesto Predial Urbano (IPU) en los 18 municipios, con el argumento de elevar la eficiencia y "premiar" a los que autoricen el convenio con una mayor percepción de participaciones federales, en Guasave sigue sin convencer del todo esta propuesta a los regidores de oposición, quienes reconocen que el rezago de 80 millones de pesos acumulados en los últimos años es muy elevado pero no justificable para ceder esta tarea al Estado, quien, afirman, no ha sido muy eficiente en la recaudación y manejo de sus propios recursos.

Más allá de polémica por decidir si pasan o no la estafeta recaudatoria del IPU al gobierno de Malova, informes de Tesorería Municipal confirman que son la ciudad y al menos cinco de las 12 sindicaturas, desde luego las más pobladas, las mayores deudoras de esos 80 millones de pesos, cantidad que se concentra principalmente en 36 mil claves catastrales de la ciudad y extensiones poblacionales como Juan José Ríos, Ruiz Cortines, El Burrión, Tamazula y Estación Bamoa. Incluso Leyva Solano, la comisaría más extensa del municipio, está entre las comunidades morosas.

Las opiniones sobre los factores que han originado este cuantioso adeudo de Impuesto Predial Urbano son diversas, pero la mayoría coinciden, incluso el propio alcalde lo hizo en su momento, en que por cuestiones políticas y hasta desconfianza ciudadana los gobiernos en turno no aplican estrategias de cobro con mayor riguridad, pues saben que presionar más de lo habitual puede tener un efecto negativo de aceptación.

Esta estrategia de no presionar para evitar el rechazo ciudadano es muy común en todos los municipios, por lo que ahora se pretende pasar la estafeta recaudatoria al Estado y así los gobiernos municipales se laven las manos, estrategia que aunque en el papel de proyecciones pareciera más benéfica no deja de asustar a quienes opinan que los municipios perderían el control del único recurso que tienen seguro.