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Murillo, Peña y los papás de #GuarderiaABC

CAMPOS ELÍSEOS

La oferta se la hicieron ayer a Estela Báez y a su esposo, Julio César Márquez: el presidente Enrique Peña Nieto los recibiría a ellos dos, pronto. Los padres de Yeyé, uno de los 49 niños y niñas muertos en la guardería ABC, aceptaron. Están esperando que se concrete una fecha.

Ayer vieron brevemente al procurador, Jesús Murillo Karam, y tuvieron una reunión con la subprocuradora Mariana Benítez. La PGR, sin embargo, no emitió comunicado alguno y a pregunta expresa quedaron en responder…hasta el cierre de esta columna no hubo ninguna comunicación.

Estela, quien también es madre de Estefanía y Brandon Noé, desde el pasado 5 de junio puso una demanda irreducible sobre la mesa: o es recibida por el presidente o se pone en huelga de hambre el próximo 19 de julio. Ni su familia la pudo disuadir de la idea. Parecía una inmolación. Pero también el Estado —con E mayúscula— ha contribuido a ello.

Hay cosas que sí se han hecho, pero otras no.

A nivel de atención médica, de por vida para toda la familia, becas de estudio a los niños con lesiones, otras prestaciones e incluso una cantidad por reparación del daño, ya está todo sobre la mesa. Esto, según el cumplimiento de un decreto presidencial hecho hasta el 20 de julio del 2010 y acuerdos del Consejo Técnico del IMSS.

Faltaba más: es su derecho. Y esto no quiere decir que tras recibir todo esto deben de callarse, "porque ya les pagaron". Eso sería entender poco su causa; su lucha por justicia y garantía de no repetición.

Los mismos padres reconocen que el IMSS ha reaccionado bien en ello; una clara señal fue que el pasado 5 de junio, el edificio sobre Reforma no fue una escala para su reclamo de justicia. Esto, pese a que hubo una grave insensibilidad política de parte de Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el sexenio de Felipe Calderón.

Desde mi punto de vista, hay dos grandes temas pendientes:

1) La aplicación irrestricta de la Ley 5 de junio para evitar que nunca vuelva a haber una guardería ABC. Esto no quiere decir que no haya accidentes, ninguna ley puede hacer eso, pero sí que se minimicen. Esta ley que fue publicada en octubre de 2011 —hecha a iniciativa de los padres y no de las instituciones— necesita ser armonizada con las leyes locales. Hasta ahora sólo nueve estados lo han hecho.

2) Reabrir la investigación. Hay nuevas evidencias que sugieren que el incendio, que comenzó en la bodega de la Secretaría de Finanzas del entonces gobierno de Eduardo Bours, pudo haber sido provocado.

Creo que nadie en México lo ha documentado mejor que el periodista Luis Alberto Medina, en Sonora. Claro que esto debe estar sustentado en una investigación. Nadie quiere que inventen un culpable, un chivo expiatorio.

¿Por qué sería importante probar que incendio fue intencional? Por una sencilla razón: podría reclasificar el delito de culposo a doloso. Pasar de un crimen "no grave" (que es legalmente como se clasifica) a uno "grave". De entre 4 a 6 años de cárcel contra 50.

No sé si la reunión con el presidente acabe con tema. Pero sí podría dar un claro mensaje de que hay la sensibilidad y la intención de que esto no vuelva a pasar en México; de que se buscará justicia antes que llegue una sentencia —aunque tarde años— de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque llegará.

¿En qué país del mundo las víctimas de una tragedia así, andan mendigando ser escuchados, atendidos? Los niños y niñas muertos no regresarán; no se pueden deshacer las lesiones de las otras decenas de lastimados; hay huellas sicológicas profundas en las vidas de estas familias. Sí.

Pero también debe de llegar un momento que, junto con ellos, nos pongamos de acuerdo para mirar adelante: ¿cuándo, cómo y dónde se logre qué?

Sólo ellos lo dirán.

Hoy se cumple el plazo. Aunque —todos los padres lo sabemos— nuestros niños están de vacaciones ya, hoy termina el ciclo escolar de manera oficial.

Y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, se comprometió a que antes que terminara este ciclo, el sindicato tendría un observatorio de transparencia.

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