Opinión

Ni bala ni garrote ni mordaza

GRAN ANGULAR
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Por: RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Para gracia del país, en medio de tanta desgracia, tres leyes represivas, autoritarias y regresivas —reflejo sin duda de los políticos que las promovieron— han ido a parar al cesto de la basura arrojadas por la propia ciudadanía.

El caso más sonado y escandaloso ha sido el de Puebla con la repudiada Ley Bala que pretendía normar el monopolio legítimo de la fuerza del que disponen las agencias de seguridad estatal.

No estaba en eso el problema, sino en el concepto de que los policías estarían autorizados a disparar su arma contra personas que al manifestarse o protestar pongan en peligro la vida del policía o de terceros, lo que desató un fuerte rechazo no sólo en Puebla sino en el resto del país.

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Se presentó entonces un bloqueo carretero, un operativo de desalojo y la muerte de un menor de edad. El gobierno poblano insiste que el niño murió por el lanzamiento de un cohetón que le hizo estallar el cráneo, lanzado por grupos violentos ya identificados, y no por una bala de goma como insten quienes encabezaron aquella protesta y los familiares de las víctimas.

Esa versión oficial no parece gozar de credibilidad entre la opinión pública y como el gobernador Rafael Moreno Valle hizo bien la lectura del repudio a esa ley, más porque tiene increíbles aspiraciones presidenciales, envió al Congreso local una iniciativa que deroga la Ley Bala.

En Sinaloa, el gobernador, Mario López Valdez, empujó con todas sus fuerzas una iniciativa a la que la burla popular llamó "Ley Mordaza". Pretendía con ello exigir que en los temas de seguridad y política, la prensa sinaloense sólo publicara los comunicados oficiales, argumentando protección para los periodistas. El gobernador acabó por retirar el proyecto de ley.

Llama la atención en estos dos casos que se trata de gobernadores que ganaron las elecciones porque aliaron fuerzas contrapuestas (el PRD y el PAN en ambas) en lo que muchos denominaron "alianzas contra natura". Y no por otra razón a esta muy simple: los votos se ganaron con el apoyo de fuerzas aliadas, que una vez en el poder fueron incapaces de elaborar un programa conjunto de gobierno y un claro proyecto político más allá del personal. ¿Cómo lo iban a lograr dos fuerzas tan opuestas entre sí?

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El tercer gobierno surgido de una alianza similar a las que llevaron a Moreno Valle, en Puebla, y a Malova, en Sinaloa, fue Oaxaca. El gobernador Gabino Cué no ha caído en la tentación de proponer y apuntalar ese tipo de leyes. Pero la falta de un proyecto político claro, diluido entre los del PAN y los del PRD, lo tiene a él en una posición de debilidad que se refleja en la ingobernabilidad que prevalece en el estado.

En Chiapas, finalmente, el repudio social obligó también al joven gobernador Manuel Velasco a bajar su propia iniciativa de ley conocida en aquel estado como 'Ley Garrote'. Pretendía con ella precisar conductas susceptibles del uso legítimo de la fuerza, no obstante que ya están reguladas en otros preceptos penales, pero a diferencia de la de Puebla, sí define el concepto de manifestación violenta: "aquella en la que el grupo de manifestantes está armado o bien, aquella en la que en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana".

En todos los casos, la subjetividad de la interpretación si se trata o no de una manifestación violenta frente a la que, en todos los casos, la fuerza pública —que para eso se prepara— debe actuar para disuadir, desactivar y controlar, no para aniquilar.

Estamos pues ante ejemplos claros que la protesta social contra excesos políticos y legales que pretenden acotarla, sí funcionan evitarlos.

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