Opinión

¿Niñ@s, protección o garantías?

Por: Carmen Aristegui

El Senado de la República se apresta a aprobar o rechazar la iniciativa enviada por la Presidencia para crear la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los legisladores deberían, claramente, optar por lo segundo o bien modificarla sustancialmente.

Sin una consulta previa con expertos y organizaciones especializadas en la materia, el gobierno federal lanzó al Congreso esta iniciativa que deberá procesar en el corto tiempo al que la ley lo obliga por su condición de preferente.

Lo que salta a la vista es el paternalismo y una perspectiva asistencialista. Quien la concibió se remontó a décadas atrás cuando se podía decir, sin mucho rubor, que el Estado y el gobierno estaban para proteger a los individuos, con mayor razón si se trata de niñas, niños y adolescentes.

La evolución en la perspectiva de derechos humanos concibe al Estado no como quien otorga garantías sino como quien reconoce y garantiza derechos que son inherentes a los individuos. Entender al Estado y al gobierno como los que otorgan "protección" es partir de un esquema rebasado y anacrónico.

Una iniciativa que postula "la protección" de la niñez en lugar de una que hable de derechos para la infancia significaría un grave retroceso en un país que ha vivido un cambio de paradigma a favor de los derechos humanos, por lo menos, en sus leyes y Constitución.

A quien redactó este proyecto de ley le pasó de noche la cultura de derechos humanos que prevalece en el mundo de hoy; la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en México, los protocolos y tratados internacionales que México ha suscrito como la Convención sobre los derechos del Niño (ONU, 1989) y las iniciativas previas a ésta que se pretende hacer ley en los 30 días que están corriendo.

No solo hay voces de alerta -algunas de alarma- entre organizaciones y personas que en México se han manifestado sino también entre organismos internacionales como UNICEF. Isabel Crowley, su representante en México, habló hace unos días ante los integrantes de las comisiones responsables de dictaminar la iniciativa y alertó sobre las implicaciones de imprimir esta lógica asistencialista. Ahí mismo, Javier Hernández Valencia, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, recordó a los legisladores las 117 recomendaciones que México tiene en la materia y que no están reflejadas en la iniciativa. Los especialistas han dicho a los senadores que deben hacer una revisión integral de los derechos de la infancia y que no deben legislar con el ánimo inmediatista que responda a los estímulos provocados en la sociedad y a los medios de comunicación, sensibilizados con casos recientes de bullying, maltrato a menores o albergues como "La Gran Familia" de Zamora.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) elaboró un "Índice de Medición de Calidad de las Leyes" con el que analizó la iniciativa del Ejecutivo a partir de los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, signada por la mayor parte del mundo, México incluido. La Iniciativa presidencial, después de la evaluación, resultó reprobada con un 3 sobre 10.

En la realidad mexicana, en la que un número escaso de menores tiene garantizados sus derechos, destaca la vulnerabilidad de los menores de 17 que cruzan el territorio nacional en calidad de migrantes no acompañados, fenómeno que se ha presentado como una crisis humanitaria. Los críticos de la iniciativa afirman que la pretendida ley contempla -más que garantizar su integridad y derechos- un conjunto de medidas que atienden más el interés de EU que los derechos de los infantes. En sentido contrario a la Ley Migratoria, la probable nueva ley permite a las autoridades en general preguntar sobre el "status" migratorio de las personas, cuando lo que se había aprobado era que los únicos que podían hacerlo legalmente eran los propios agentes del Instituto Nacional de Migración.

Si la iniciativa de Peña Nieto prospera, no sólo se habrá retrocedido en terrenos que se creían ganados en términos jurídicos y de derechos, sino que México se meterá en problemas para explicar por qué adopta criterios y políticas tan lejanos a los estándares reconocidos nacional e internacionalmente. La fecha más próxima sería en 2015 cuando venga la comparecencia ante el Comité de los Derechos del Niño.

Se está a tiempo. Hay mucha materia para replantear la iniciativa. Un vigoroso movimiento está proponiendo la creación de un "Sistema Nacional de Derechos de la Infancia" que reorganice a las instituciones del Estado "para que cambien la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes". Es momento de tomarles la palabra.

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