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Opinión

Notas para un balance del año que termina

Por: César Velázquez

A diferencia del 2016, este fin de año está siendo bastante anticlimático. Hace una docena de meses era evidente el malhumor social. No solo los trabajadores del sector público mostraban un ánimo levantisco, sino diversos sectores sociales, agrupaciones gremiales, empresarios de la construcción –sobre todo los vinculados con la construcción del nuevo estadio de beisbol—y proveedores de los gobiernos estatal y municipal expresaban su protesta airada ante el incumplimiento de compromisos contraídos.
En 2017, el nuevo gobierno no solo heredó parte de ese reclamo colectivo, sino una cuantiosa deuda que comprometía las finanzas públicas y parecía hipotecar las posibilidades de crecimiento y desarrollo del estado. Sin embargo, se logró encontrar la cuadratura al círculo: se atendieron los asuntos financieros y materiales urgentes, y temas relacionados con transparencia y rendición de cuentas pasaron a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.
Al mismo tiempo, se advirtió la necesidad de empezar a sacudir un andamiaje jurídico, político y administrativo bastante añoso. Empezaron a concretarse algunas reformas que recibieron el beneplácito de la opinión pública, como la relativa a la reducción de diputados y regidores, y las relacionadas con la creación del sistema estatal y municipal anticorrupción. La conversión de la Procuraduría en Fiscalía General del Estado fue otro avance a destacar en este periodo.
Quiero decir que frente a la inercia y el inmovilismo se recuperó una dinámica que, en primer lugar, contribuyó a desactivar la conflictividad de la vida social y, en segundo, creó las condiciones para la modernización de nuestro sistema de ciudades, al tiempo que se atrajeron importantes inversiones que deben contribuir a modificar la estructura del aparato productivo. Esta tríada de procesos vividos en 2017 son, sin duda, una base social y material para acometer nuevos desafíos en el año que está por estrenarse.
Será un año excepcional. Viviremos una coyuntura que desde ya exige de todos los actores madurez y responsabilidad para encarar el futuro. La incertidumbre –propia de todo proceso democrático— no debe paralizar el quehacer institucional y, por el contrario, debe hacerle asumir con más audacia iniciativas reformistas con una agenda de consenso con actores sociales, productivos y políticos, al tiempo que desata vientos de modernización que mejoren condiciones de vida y de trabajo, de competitividad y productividad.
Lo diré de otra manera: gane quien gane la elección presidencial y los demás cargos en disputa, la economía y la política en Sinaloa deben asegurarse cierto nivel de autonomía, y no verse condicionadas por factores exógenos. La mejor manera de enfrentar esa coyuntura es asumiendo una actitud proactiva, no reactiva, esto es, tratando de anticiparse a los acontecimientos, articulando nuevos consensos en torno a una agenda en la que puedan converger los intereses estratégicos de todos los actores.
Es cierto que una coyuntura como en la que empezamos ya a adentrarnos es poco propicia para alcanzar acuerdos y compromisos, pero al menos el gobierno estatal puede intentarlo. Ya en otras ocasiones me he referido a este tema, señalando que Sinaloa requiere un nuevo impulso de cambio y modernización, poniendo al día leyes, normas y reglamentos que nos permitan ver el horizonte con una perspectiva más amplia.
Se avanzó en 2017. Esa agenda reformista debe profundizarse en 2018.