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Ayer, una agencia de relaciones públicas de la Ciudad de México envió un comunicado a nombre de la empresa Reynolds, la encargada de fabricar e instalar los acrílicos del tiburonario. En ese boletín, la compañía manifiesta que personal del Acuario Mazatlán realizó trabajos de manera inadecuada que pudieran haber provocado el incidente de todos ya conocido. Especifica que el acrílico fue retirado y posteriormente reinstalado en diciembre del año pasado –aún durante la administración de Carlos Felton– y que el fabricante original no tuvo conocimiento ni participó en la supervisión de los referidos trabajos. Igualmente, destaca que el tiburonario estuvo con agua tres años anteriores a la fractura, sin que presentara problema. Asimismo, detalla que el 16 de enero del 2017, el Acuario de Mazatlán –ya dentro del gobierno de Fernando Puchera– solicitó una cotización a Reynolds para un nuevo panel de acrílico para el Acuario. Llama la atención que pese a que al personal de Reynolds le fue impedido el acceso para inspeccionar el tiburonario, sí presenta conclusiones que por un lado inculpan a funcionarios de 2016 y luego a los del nuevo gobierno. Falta, ante esto, ir al fondo del asunto.