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Nuevas reformas constitucionales

En el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio se publicaron los decretos mediante los cuales se reformaron o adicionaron tres preceptos constitucionales.

El primero de ellos fue el 4°, para agregar como párrafo octavo el derecho de todos los habitantes del territorio nacional a su identidad y a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento. Al efecto, se establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En los correspondientes artículos transitorios, se impuso la obligación a los órganos legislativos locales para que en un plazo máximo de seis meses, establezcan la exención al pago del derecho correspondiente a la primer acta. Adicionalmente al aspecto tributario, se ordenó que en el mismo término, el Congreso de la Unión haga las adecuaciones legales para determinar las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como las condiciones comunes de emisión de las actas de registro en formato electrónico.

En el segundo decreto se adicionó como sujetos de responsabilidad, por violaciones a la Constitución y a las leyes federales y por el indebido manejo de fondos o recursos federales, a los integrantes de los organismos a los que las constituciones estatales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorguen autonomía. En el tercer decreto se reformó el artículo 123 Constitucional para prohibir el trabajo a los menores de 15 años de edad y establecer que durante ella su jornada máxima será de hasta seis horas.

Las reformas mencionadas en primer y tercer lugar, ponen de manifiesto la etapa transicional que todavía estamos viviendo en materia de derechos humanos. Salvo el aspecto de la gratuidad de la primer acta de nacimiento, los demás temas tienen clara cobertura en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. El derecho a la identidad y al registro está, en efecto, establecido en varios instrumentos y la edad mínima para trabaja admite diversas posibilidades atendiendo a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). ¿Qué sentido tiene constitucionalizar un contenido normativo cuando éste se encuentra ya en una norma de Derecho que tiene la misma jerarquía que el propio texto constitucional? Creo que ninguno, si nos tomamos en serio —como no puede ser de otra manera— el artículo 1° constitucional vigente desde junio de 2011. A todo operador jurídico le obligan los tratados de derechos humanos en las mismas condiciones que la Constitución.

En el caso de la adición de los sujetos responsables en las condiciones apuntadas, me parece que el nuevo texto da lugar a un equívoco: ¿se quiere incorporar a los integrantes de los órganos constitucionales autónomos de carácter local, o a los titulares de cualquier órgano (universidades incluidas) dotado de autonomía? Entre unos y otros hay sustanciales diferencias, tanto de lógica como de génesis. En el futuro, los tribunales, primordialmente, tendrán que aclarar el tema que bien pudo haberse evitado utilizando un lenguaje más preciso.

Una vez más, llama la atención la facilidad con la que las transformaciones constitucionales siguen realizándose entre nosotros. Llama la atención, también, lo complicado que sigue siendo la aprobación de las leyes inferiores. ¿Qué explica esta costumbre, tan diferente de lo que sucede en otros muchos lugares del mundo? Insistiendo en algo ya dicho en colaboraciones anteriores, ello puede deberse a la continuada aceptación del texto constitucional como retórica a desarrollar, pero no como norma a cumplir. Sólo así me explico la práctica constitucional de los órganos reformadores. Más que problema jurídico, estamos ante un tema de nuestra todavía incipiente cultura constitucional. Las reformas apuntadas han pasado prácticamente desapercibidas. Podrá suponerse que ello es, o no, consecuencia del Mundial. Más allá de estas adivinaciones, estos nuevos y discretos cambios ponen en claro algunos elementos sobre la cultura constitucional del país, sobre el modo como se entiende el texto y las operaciones que sobre él pueden realizarse.

@JRCossio