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Nuevos derechos, viejos problemas… electorales

A finales de octubre la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo federal con el objeto de instaurar dos nuevos derechos humanos de amplia vocación social. El derecho a una pensión en favor de adultos mayores de 65 años, y el derecho de los trabajadores a un seguro de desempleo.

La cobertura constitucional que pretende otorgarse a ambos derechos constituye un avance mayúsculo en la lucha por el mejoramiento económico y social de las personas, y en la preservación de condiciones mínimamente dignas de subsistencia. Su consagración implica la extensión de dos prerrogativas que hasta hoy han estado vinculadas a políticas públicas provenientes de unos cuantos gobiernos estatales, generalmente restringidos en sus alcances y delimitados en su temporalidad. La aprobación de la iniciativa, en consecuencia, será un triunfo importante. Sucede, sin embargo, que lo que inicialmente representa un claro ejemplo de progresividad de los derechos puede convertirse en un viejo problema electoral. A nadie escapa que la proliferación de políticas públicas dirigidas a beneficiar a madres solteras, adultos mayores o personas con discapacidad ha tenido una derivación negativa reflejada en la edificación de redes clientelares con propósitos políticos y electorales.

Desde está lógica, varias dudas se ciernen sobre el texto aprobado. En efecto, una cosa es universalizar un derecho para que todos los mexicanos puedan gozar de él con independencia del estado en que residan y otra es centralizar la prestación del derecho para que su operatividad quede en las manos exclusivas del gobierno federal. Esta cuestión no es diáfana porque la iniciativa faculta al Congreso a expedir las leyes reglamentarias de ambos derechos sin mencionar si serán leyes generales que establezcan bases para que tanto Federación como estados tengan competencia compartida en la materia o si serán leyes federales que centralizarán su manejo exclusivamente en la federación.

La modificación del artículo tercero permite que los estados y el DF mantengan sus programas de apoyos a los adultos mayores en los términos en los que fueron establecidos, y al parecer serán los únicos casos en los que procederá una coexistencia de políticas públicas sobre el particular.

La cuestión no es menor. La gestión de derechos de esta naturaleza por el gobierno federal y el mantenimiento de los programas sociales en las entidades que ya los tienen creará una gran suspicacia sobre su eventual uso con propósitos electorales. Más si se advierte que existe una mención expresa en el segundo transitorio para que la pensión sea una realidad inminente para quienes cumplan 65 años en 2015, el año en que inicia el proceso electoral federal intermedio.

La mejor solución debe implicar el esfuerzo compartido en la satisfacción de derechos sociales tan relevantes. Se requiere, por tanto, una legislación que distinga la parte que queda en manos de la Federación y aquella que habrá de trasladarse a los estados; que precise los requisitos para otorgar los apoyos que prevé, homogeneizándolos, extendiéndolos, democratizándolos y transparentándolos; que establezca los criterios para la conformación y el resguardo de los padrones de beneficiarios; que determine las modalidades de entrega para impedir que se escenifiquen actos propagandísticos a favor de gobierno o candidato alguno; que prevea las cuestiones presupuestales para hacer frente a las cargas económicas que se derivan de este tipo de apoyos, y que subraye medidas puntuales de escrutinio común, de la federación hacia los estados y viceversa, que ejerzan de mecanismos de control, vigilancia y sanción de cualquier desviación.

Al final, se trata de que beneficios como los que supone el derecho a una pensión o a un seguro no condicionen indebidamente la libertad con la que debe emitirse el sufragio y no incidan negativamente en la celebración de elecciones auténticas y equitativas. Si no se establecen las medidas de prevención adecuadas para evitar el uso clientelar de estos programas sociales, no nos extrañe que en 2015 las políticas públicas emanadas de dichos derechos sean nuevamente motivo de disenso político-electoral y constituyan renovadas hipótesis para seguir cuestionando la validez de nuestras elecciones.

debate@debate.com.mx