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Oceanografía, sus consecuencias

A don Luis, quien transitó de la Revolución de Independencia a querer cambiar el mundo.

En el caso de Oceanografía son obligadas dos reflexiones. Una hacia atrás para reconstruir la historia de la empresa, sus asociaciones y precisar los posibles delitos y los responsables. La otra hacia adelante para mirar a las consecuencias que acarrearán el fraude, las asociaciones y la quiebra de la empresa. Lo primero es la tarea del fiscal y de los jueces. Lo segundo debería ser la tarea de los responsables políticos.

Empecemos por la afectación a Pemex. ¿Qué tanto pone en riesgo eslabones de su operación y en qué medida y en cuánto tiempo pueden ser sustituidas esas operaciones por Pemex u otros? Si su operación no era crucial, entonces cuál era su función principal: ¿sustituir al IMP; subcontratar qué?

La quiebra tendrá consecuencias para el empleo. ¿Cómo evitar lanzar a la calle a miles de trabajadores? Sería grave buscar resolver el problema operativo al costo de una gran pérdida de empleos, algunos de muy difícil reconversión. El tema laboral —salarios no pagados y el riesgo de desempleo— se convertirá de inmediato en un problema social que, de entrada, desestabilizará a Ciudad del Carmen.

Las consecuencias indirectas son previsibles. El caso generará desconfianza entre los inversionistas extranjeros. A nadie le gusta incurrir en pérdidas cuantiosas como las que ha tenido Banamex-City. Pero sobre todo, en un momento en el que el gobierno apuesta todo a la llegada de la inversión extranjera al sector energético, es una mala noticia que una de las principales empresas mexicanas del sector esté metida en un lío grave de corrupción, fraude y lavado de dinero. Para muchos es ya una llamada de atención sobre los riesgos de que México sea un ejemplo de "capitalismo de compadres" y por lo tanto no confiable en cuanto a la solidez de su Estado de Derecho.

El caso complicará la negociación de las leyes secundarias en materia energética. Si ya de por sí estaba sembrado el temor sobre corrupción en asignaciones de concesiones y contratos, después de lo ocurrido la crítica se potenciará. Para los legisladores del PAN su voto se vuelve más riesgoso, por las posibles acusaciones de conflictos de interés o pactos de impunidad. Para los del PRI el conocimiento y la filtración de nombres de participantes en la nueva industria —en los nuevos negocios— vinculados a su partido, les hará más ruido del que tendrían si no hubiera estallado el escándalo.

Para el procurador, más allá de respuestas formalistas, de cajón, se presentan dilemas de fondo. ¿Cómo conducir la investigación para provocar el menor daño a la operación de Pemex y la menor afectación a su plantilla laboral? ¿Cómo evitar que la investigación se convierta en acto de venganza o que la divulgación de información termine en uno más de los conocidos ejemplos de oportunismo político?

El caso es de un tamaño tal que no admite caminos "intermedios" (los que no enfrenten en su conjunto las consecuencias). El gobierno está en un dilema de fondo. Si se guía por la venganza o el oportunismo político, no resolverá el problema y provocará un bumerán. Sólo parece haber un camino que no ponga en contradicción las exigencias de los inversionistas, los derechos de los ciudadanos, la transparencia (sincera y contundente) que será indispensable para conducir este caso, la regulación de la acción pública y los controles para frenar la corrupción. Ese camino es hacer la tarea completa y en serio: con prudencia y responsabilidad, pero sin ocultamientos que, por la trascendencia del caso, abonarían significativamente a la ilegitimidad del régimen y a la falta de confianza de los inversionistas. Si no es por convicción, al menos por conveniencia, la salida es aprovechar el caso para establecer un ejemplo de construcción de estado de derecho.