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Opinión

Omisión de los alcaldes

Por: Jorge Luis Lozano

Los últimos hechos violentos que han dejado varios muertos en Concordia son un recordatorio de la urgencia de un plan estratégico integral para rescatar esas zonas del libre manejo que le da el crimen organizado a prácticamente toda la zona alta de Sinaloa. Los gobiernos municipales han optado por la negación del problema, ante la nula capacidad para responder a una ciudadanía que clama protección.

Por más muertes y desplazamientos que se dan en Concordia, San Ignacio, Cosalá, Choix, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y otros municipios, las autoridades mantienen el terco y machacoso discurso de que la tranquilidad prevalece en la sierra y los hechos que se dan son aislados. Según estimaciones de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, hasta el 2017 se tenían en registro 2 mil 038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia generada por grupos criminales.

Por esta misma razón la organización emitió el año pasado dos extrañamientos a los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix por la omisión en la atención de las ciento de familias afectadas por la violencia y la implementación de acciones inmediatas para cubrir los derechos de las personas en situación de desamparo. La recomendación también va dirigida al fiscal general estatal, Juan José Ríos Estavillo, y a los alcaldes de los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente.

No obstante, hay otros gobiernos que pudieran ser apercibidos por la CNDH por esta misma razón. Están ahí como ejemplos los gobiernos municipales de Concordia, con José Trinidad Osuna a la cabeza; San Ignacio, presidido por Luis Fernando Sandoval, quienes tienen el mayor número de desplazados, sin ningún programa oficial e integral para atenderlos.