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Oposición; ¿cooperar o no cooperar?

Los dos principales partidos de oposición se debaten en su interior sobre el grado y tipo de cooperación que deberían establecer con el partido gobernante, el PRI.

Es el tema central de la contienda por la dirigencia nacional del PAN, que permeó todo el debate del martes pasado. Gustavo Madero defiende la postura de que, desde la oposición, su partido debe procurar meter en las decisiones de Gobierno y en la agenda legislativa los temas del programa panista y que sean beneficiosos para México – en su propia óptica- , y eso lejos de verse como colaboracionismo, debe considerarse como un logro para el PAN, que eventualmente el electorado reconocerá y premiará en las urnas. Ernesto Cordero en cambio, insiste en que sentarse en la mesa de negociación es ceder, colaborar con el gobierno, en el mal sentido político, pues se privilegia la agenda del partido gobernante y no la propia, y de lo cual se beneficiará el PRI y el gobierno de Peña Nieto, en perjuicio electoral del PAN. Otro tanto ocurre en el PRD, pero ahí menos como un tema coyuntural y más como diferencias endémicas de estrategia.

Me parece que en estricto sentido lleva más razón la posición negociadora sobre lo que debe ser el papel de la oposición en una democracia plural, más cuando ningún partido tiene mayorías para legislar; promover las reformas en las cuales se cree aproximándose tanto como sea posible a la plataforma del partido, pues en esa medida se puede afirmar que aún sin contar con el gobierno ni con mayorías legislativas, se puede incidir en la agenda de gobierno y en las políticas públicas en el sentido deseado. Desde luego, eso implica ceder en algunos puntos para buscar los puntos de equilibrio y conciliación, sin que esa cesión suponga traicionar los principios esenciales del partido (como suele acusarse frecuentemente). Cordero achaca a Madero la reforma fiscal, que va en sentido contrario a lo que el PAN propone, pero Madero no la negoció ni aceptó en absoluto. En cambio, la reforma energética refleja la plataforma del PAN incluso en mayor medida que la del propio PRI. ¿No podría esto considerarse como un triunfo panista? Otro tanto puede decirse de la reforma electoral (independientemente de lo que cada quien piense sobre el contenido y espíritu de las reformas). Igualmente, no se le puede imputar a la dirigencia perredista la reforma energética, que en ningún momento avaló, pero la corriente antipacto les regatea la reforma fiscal, que se basó esencialmente en la propuesta del PRD (y que desde la óptica de izquierda, tendría que considerarse un triunfo haber frenado el IVA a medicinas y alimentos).

Desde luego, está el problema de que en algunos casos las iniciativas de leyes secundarias parecen adelgazar y desvirtuar los propósitos y espíritu de lo estipulado en la reforma constitucional, como ha sido el caso en la educativa y pretende serlo en la de telecomunicaciones (al decir de los expertos). Por ello muchos sospechan que esto responde a una estrategia deliberada del gobierno; presentar una atractiva y esperanzadora reforma constitucional que dará aplausos y reconocimientos al presidente, pero después descafeinarla en la legislación secundaria para no afectar demasiado a los poderes fácticos, despistando a la opinión pública nacional e internacional. Es por ahí por donde los ante cooperacionistas en el PAN y el PRD acusan a sus interlocutores internos, bien de colaboracionistas, o en el mejor de los casos, de ingenuos. Y se dice, con razón, que para las leyes secundarias el PRI no necesita más de la oposición, y que podría aprobarlas en plena legalidad aunque sacrifique "el mayor consenso posible". Cierto, pero de actuar así, perderá como quiera parte de la legitimidad ganada durante las reformas constitucionales, y sobre todo, inhibirá para el futuro la disposición de las oposiciones a cooperar con el partido gobernante en la agenda legislativa. Todos salimos perdiendo.

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