Opinión

Orden terminante

HOY EN LA HISTORIA

Por  Marco Antonio Berrelleza

El 11 de febrero de 1881, el gobernador de Sinaloa, Mariano Martínez de Castro, se dirige al prefecto del Distrito de Culiacán, Joaquín de la Vega, demandándole un informe sobre la situación de la jurisdicción que gobernaba, en vista de haber observado ciertas anomalías.

Dos días más tarde, Vega contesta que desde que se hizo cargo de la prefectura, el 15 de septiembre anterior, con excepción del robo de la conducta en el punto de Culiacancito, “rarísimos y de poquísima importancia han sido los casos de robo o vejaciones que han ocurrido durante dicho periodo”.

Sin embargo, en previsión de posibles delitos, ese día escribió a los síndicos de los pueblos del distrito, “con quienes mejor que con los alcaldes puedo entenderme, para no tropezar con los obstáculos que respecto de estos pueden prestarme en atención a pertenecer al Poder Judicial cuya independencia garantiza la Constitución”, un oficio en el que los conmina a actuar con rigor en contra de aquellos, que aunque no lo sean, parezcan delincuentes.

En esos tiempos la violencia en Sinaloa, situación por la cual el gobernador había solicitado información al respecto a los demás a los prefectos y alcaldes de la entidad, para, según él, “purgar a la sociedad de esa plaga funesta del vandalismo”.

Si el prefecto no atendía la orden lo hacía responsable de la situación, sin pretexto alguno.