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¿Otra modernización fallida?

El presidente Enrique Peña Nieto ha encabezado un conjunto de reformas que pretenden acelerar la modernización de México. La principal es la reforma energética que, mediante la apertura al capital externo, busca conseguir inversiones extranjeras que aumenten las inversiones en petróleo, gas y electricidad, con las cuales dinamizar la creación de empleos y el crecimiento de la economía.

Es otra apuesta a la modernización de la economía a partir de la explotación de un recurso y una mayor vinculación con la economía internacional. La historia no es nueva. Empezó con Porfirio Díaz, después con López Portillo y Carlos Salinas.

Díaz lo intentó. Se quedó con el poder contra la República Restaurada. Estableció el orden interno que no se había alcanzado a lo largo del siglo XIX. Abrió el país a la inversión extranjera con fórmulas semejantes a las que ahora se intentan. Logró resultados notables de crecimiento económico. No hay que olvidar que apenas el 15 de septiembre de 1910 celebró el éxito de su gobierno para que el 20 de noviembre se iniciara el movimiento revolucionario que —meses después— lo obligó a renunciar y a salir del país. Su fracaso es atribuible a un error en la conducción de la sucesión presidencial y a unas instituciones económicas y políticas excluyentes.

López Portillo contó con descubrimientos petroleros fabulosos, en una circunstancia internacional de alza de precios. Sostuvo que nuestro problema sería administrar la riqueza. Se disparó el gasto público, desde las inversiones en infraestructura hasta los programas sociales. Cuando cayó el precio del petróleo, creyó que se tenía el poder suficiente como para imponerse contra el mercado. Con el respaldo del petróleo intentó sostener la situación con créditos externos que se dispararon y llevaron a la quiebra del Estado y una crisis de confianza.

Salinas de Gortari consiguió un respiro mediante la renegociación de la deuda externa, pero su decisión más importante fue apostar a la entrada de México al tratado de Libre Comercio con EU y Canadá. Pensó que con ello México pasaría a ser parte del primer mundo. Lo hizo en un momento en el que los resultados de la integración europea eran favorables y que después de la caída del muro de Berlín parecía consumada la hegemonía de Estados Unidos frente a la fragmentación de la Unión Soviética. Era la victoria del paradigma de la economía de mercado y la democracia representativa. El sueño modernizador terminó con el levantamiento zapatista y el derrumbe económico que ocurrió en diciembre de 1994. De nuevo, las instituciones económicas y políticas excluyentes explicaron el fracaso de ese intento modernizador.

Ahora se repite la apuesta con Peña. Se cree que, con la reforma energética, vendrán masivamente los capitales y eso mejorará radicalmente la situación. La reforma que se hace carece de un arreglo institucional que corrija los errores del pasado. Se crean organismos reguladores sin haber preparado a los cuadros que se necesitarían, sin poder, y se pretende implementar la reforma con velocidad. Las experiencias internacionales han demostrado que una privatización sin regulación lleva al fracaso y que ninguna regulación tiene éxito si no hay un tiempo razonable para su aplicación. En India, por ejemplo, la apertura de su banca se hizo en diez años, pues se sabía que sólo así se podrían evitar abusos extremos.

Aquí se hace una privatización radical con decisiones que debilitan al Congreso y al Poder Judicial. Sin siquiera haber creado organismos reguladores fuertes, ni la fiscalía anticorrupción que se ofreció. Se otorgan facultades inmensas a los funcionarios responsables, privilegios e impunidad. No se establecen políticas públicas que permitan aprovechar los efectos de la nueva política. No hay una política industrial ni tecnológica. No se establece con claridad cuál será el uso de la renta petrolera. Se hace dentro de las reglas del autoritarismo y el patrimonialismo.