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Otro voto particular

"El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria del 28 de octubre de 2013, determinó por mayoría de siete votos contra uno no aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que se establecería la nueva demarcación de los 300 distritos electorales uninominales federales. En atención a ello y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 ... de la Constitución ..., 109, 110 ... y 113 ... del Código ..., 14 .... del Reglamento Interior .... y ... 25 ... del Reglamento de Sesiones ..., expongo en el presente voto particular las razones de mi disenso con la mayoría".

Eso dicen los dos primeros párrafos del documento que presenté, antes de que el 30 de octubre terminara mi periodo como Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral. Fue mi único voto particular, aunque no fue la única ocasión. Otórgueme, estimado lector, la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el voto particular y su contenido, siendo mi único voto particular en el IFE.

El voto particular es un recurso a disposición del disidente en un órgano colegiado, para dejar constancia de las razones que lo llevan a separarse de los argumentos de una decisión adoptada por el propio colegiado. En el IFE estuvo reglamentado ese recurso y si se acude a los archivos del Consejo General se podrá dar cuenta de la frecuencia con la que los Consejeros Electorales hicieron uso de ese derecho. Se trata de un medio válido y legal para mantener una posición luego de agotada la discusión y perdida la votación. Si acaso, se puede cuestionar su legitimidad cuando se trata de un criterio con el que sistemáticamente el colegiado ha resuelto diversos asuntos y éste (el criterio) ha sido confirmado por el órgano jurisdiccional correspondiente. No obstante, aún en esos casos es respetable la disidencia del consejero o consejera.

El caso del Consejero Presidente tiene un matiz especial. En la medida en la que está obligado a velar por el desempeño del colegiado y de la Institución, pienso yo, debe hacer suyos y defender los acuerdos a pesar de no coincidir con algunos de ellos. En las ocasiones en las que vote solo, o bien en las que quedé en minoría (casi siempre respecto de sanciones a los sujetos obligados, que el colegiado disminuía), hice mías las resoluciones y, por tal motivo, no presenté voto particular a pesar de que contaba con ese derecho.

El voto particular sobre la distritación lo presenté por la inminencia del fin de mi encargo y porque no compartí el criterio político que llevó a la mayoría a posponer la decisión. En el IFE con frecuencia los actores políticos, cuando piensan que alguna determinación puede afectar sus intereses, impulsan la posposición en la toma de decisiones.

La distritación no fue la excepción. El proyecto inició cuando en agosto de 2012 el Consejo General ordenó a la Junta General Ejecutiva la formulación de los estudios correspondientes para hacer modificaciones a la disitritación tomando en cuenta los resultados del Censo General de Población de 2010. En virtud de que eso ordena el artículo 53 de la Constitución. La JGE propuso la creación de un Comité Técnico (formado por reconocidos científicos) y dispuso un programa de actividades para que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborara las propuestas y las sometiera a la consideración de la Comisión Nacional de Vigilancia; órgano técnico en el que los partidos políticos cuentan con representación, voz y voto igualitario.

El programa de trabajo avanzó y estaba contemplado que la distritación se aprobará en agosto, a efecto de que los costos por mover un número importante de sedes distritales se incluyera en el presupuesto del IFE para 2014. En junio la Comisión Nacional de Vigilancia (los partidos políticos) solicitaron una prórroga, argumentado que era poco el tiempo para revisar los escenarios de la nueva distritación. La JGE modificó su calendario y llevó hasta octubre el final del proyecto.

Debe tomarse en cuenta la calidad técnica del trabajo realizado y la amplia participación de los partidos políticos en la revisión de los tres escenarios elaborados. Pese a ello, la mayoría de los miembros del Consejo General aplazaron la decisión, pues estaba en marcha una reforma electoral que podría impactar los términos constitucionales de la distritación. Eso no sucedió y, sin embargo, la aprobación nunca llegó. Craso error, pienso yo.

En otro colegiado (el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal) emití unos votos particulares cuando fui Consejero Electoral. Recuerdo uno: contra la decisión mayoritaria de otorgar el registro como candidato a Jefe de Gobierno en 2000, a una persona que no cumplía con el requisito de residencia que establece el Estatuto de Gobierno. Pienso que el curso de nuestra democracia hubiera sido menos tortuoso si en esa, como en esta ocasión, se hubiera hecho valer lo que dice la ley. Nada más, pero nada menos.

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