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Para el Día del Abogado

El 12 de julio de cada año se celebra el Día del Abogado. Es una excelente ocasión para reflexionar sobre el significado de la profesión y para recordar lo mucho que puede aportar el gremio jurídico al desarrollo del país.

No hay datos que nos indiquen cuántos abogados hay en México, pero deben ser varios cientos de miles, tomando en consideración que la carrera de derecho es la tercera del país con mayor número de estudiantes (cerca de 300 mil en la actualidad). El impacto del trabajo de los abogados en la política, la economía y la sociedad en general es notable. Basta recordar que muchos Presidentes de la República (incluyendo al actual), secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, empresarios, literatos, etcétera, han estudiado derecho.

Sin embargo, la profesión se encuentra en nuestros días ante una serie de desafíos que la van a cambiar de manera profunda en los siguientes años. Para poder superar esos desafíos debemos recordar la necesidad de asegurar un correcto nivel de desempeño profesional de los abogados. Infortunadamente, son recurrentes las quejas sobre la falta de ética profesional de personajes del gremio, tanto de algunos que se desempeñan como servidores públicos, como los que se dedican al litigio particular.

Los ciudadanos desconfían de sus abogados y solamente acuden ante ellos cuando no tienen otra forma de resolver sus problemas. Nos hemos convertido, junto con los dentistas, en profesionales a los que nadie quiere ir a visitar, salvo cuando se esté en una situación desesperada.

Además de mejorar el nivel profesional que tenemos, también es indispensable que los abogados se actualicen. Con tantas y tan profundas reformas que ha sufrido recientemente el ordenamiento jurídico mexicano, el abogado que no se actualice se quedará obsoleto en muy poco tiempo. Pongo dos ejemplos que lo evidencian de manera clara: los cambios que para el litigio derivan de la Ley de Amparo expedida en el 2013 (que impactan en el conjunto del sistema jurídico nacional) y los juicios orales en materia penal que progresivamente se están implementando en todo el país.

Estos dos casos (el amparo y los juicios orales) requieren de habilidades y de capacidades para las que no todos los abogados están preparados y para las que no todas las escuelas de derecho forman a sus alumnos. Hoy como nunca se requiere un amplio dominio del tema de la argumentación jurídica, que durante mucho tiempo fue ignorado en los planes de estudio de la mayor parte de universidades del país.

Por otra parte, el mejoramiento de la profesión exige que los abogados rindan cuentas por su trabajo, lo que solamente se podrá lograr si existe una colegiación obligatoria. De otra forma, los litigantes podrán seguir prestando mal servicio sin que suceda nada (como pasa en la actualidad) y los ciudadanos no tendrán manera de saber si el abogado en el que están depositando su confianza es o no digno de ella. Los consejos de la judicatura supervisan el trabajo de los jueces, los colegios de notarios lo hacen respecto a sus propios agremiados, pero nadie revisa que los litigantes hagan bien su trabajo. Eso es lo que hay que corregir mediante la colegiación obligatoria. La iniciativa para que ello sea posible se encuentra ya en el Senado de la República, esperando que los legisladores se dignen atender este importante tema algún día.

Los abogados pueden ser una palanca de cambio para el país. O pueden ser un lastre. De su correcto desempeño dependen, en alguna medida, el crecimiento económico, el incremento de la seguridad jurídica y hasta la tranquilidad de nuestras familias. Tener mejores abogados es una buena forma de ir construyendo un mejor país para todos.

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