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Para evitar una deriva de intolerancia autoritaria

POLITEIA

En medio de cierto ruido retórico sobre el diferendo entre la Administración de la UAS y los trabajadores jubilados, tema que traté en mi colaboración del jueves pasado, aparecen voces sensatas que apuestan al diálogo y la conciliación, asegurar la viabilidad financiera de la institución en un horizonte amplio y preservar derechos laborales y conquistas de los trabajadores al servicio de la institución.

Me refiero al desplegado publicado el mismo jueves y suscrito por trabajadores jubilados, en el que señalan que junto con trabajadores activos y administración, deberían abrir una jornada de reflexión y "procesar acuerdos unitarios", entendiendo que el diferendo por motivo de los descuentos para el fideicomiso "no debe impedir que se hagan esfuerzos para llegar a un arreglo entre las partes".

Finalmente, conforme este espíritu, concluyen: "El deber con la Universidad, para quienes signamos este documento, significa anteponer el proyecto educativo y la tarea de formación de la juventud sinaloense de nuestra Alma Mater, a los intereses particulares de los sectores que la integran.

Comparto plenamente la letra y el espíritu del documento de los jubilados. Ello supone, en principio, aislar a las posiciones extremas, atemperar cierta beligerancia verbal y renunciar a formas de coacción y amenazas que solo contribuyen a enrarecer más el ambiente. La Universidad, por su propia naturaleza, puede y debe hacerlo, sin que ello signifique desdoro alguno para cualquiera de sus integrantes.

El desplegado acierta en su último párrafo, y coincide con un planteamiento que me había propuesto desarrollar, y que, por cuestiones de espacio ahora sólo apuntaré de manera breve: la Universidad no es un centro de trabajo cualquiera, al que se puede exigir y demandar, como si fuese una empresa común y corriente.

Por sus condiciones históricas la Universidad configuró en los años 70 del siglo pasado una plantilla prácticamente nueva que al cabo de una generación ha terminado por jubilarse. Quienes pasaron una vida en la institución tienen derecho a la jubilación, hicieron su aporte para una vejez digna, y son las nuevas generaciones las que tienen que "arrear" para asegurar la pervivencia del sistema.

Así, la institución tiene más de cuatro mil jubilados lo que constituye una pesada carga financiera que puede terminar por hipotecar su futuro. El fideicomiso, así sea un fondo de mil 400 millones de pesos, es insignificante para atender esa demanda. La solidaridad intergeneracional, principio básico para mantener en funcionamiento el modelo, no puede en este caso resolver nada.

Aquí hay un problema de transparencia. También de desconfianza. Urge transparentar el fideicomiso, y entender que la devolución de los descuentos puede ser pan para hoy pero hambre y ruina casi definitiva para mañana. No es un simple problema jurídico. Es un problema de orden político, pero creo que la Universidad tiene sobrado talento para resolverlo.

Esta puede ser tarea de un grupo mediador, integrado por universitarios, aceptados por las partes, formados en el espíritu democrático, que busque una solución de equilibrio y de largo plazo.

Puede y debe hacerse. Es el mejor camino para cerrar el paso a cualquier eventual deriva de intolerancia autoritaria.

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