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Para que el gobierno funcione

Desde su campaña Enrique Peña Nieto comprometió eliminar la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sustituirla por un sistema anticorrupción eficaz, propósito que se recogió en el Pacto por México. Un grupo de senadores presentó una iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, que fue dictaminada por el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados, donde no ha avanzado.

La decisión del presidente Peña Nieto responde a la disfuncionalidad del esquema de "control" que prevaleció a partir de 1997. Su problema principal deriva de que la SFP nombra los Órganos Internos de Control (OIC), por lo que los titulares de las dependencias en cuestión no cuentan con un mecanismo preventivo que les permita anticipar y corregir deficiencias. Como resultado, para cada OIC surgió una "unidad de control de gestión", lo que generó entrampamiento burocrático y muy baja efectividad en el combate a la corrupción. Para rematar, la SFP era responsable de aplicar las sanciones, lo que hacía con lentitud e, incluso, caía en una inacción que rayaba en el encubrimiento. Los OIC's se convirtieron en algo así como espías e interventores, que dieron lugar a una especie de cogestión entre la dependencia en cuestión y la SFP.

Es preciso que, sobre todo, el nuevo "sistema de control" permita que el gobierno funcione, asegure que la acción pública se dé conforme a procedimientos establecidos, facilite la acción pública en un marco de honestidad, y genere criterios parejos para lidiar con el servidor público y con los particulares que participan en actos de corrupción.

Un nuevo sistema anticorrupción debe incorporar los siguientes elementos. Primero, una instancia interna que sirva como herramienta de control para los responsables de las dependencias, que les permita actuar preventivamente contra conductas inapropiadas y corruptas y, en su caso, turnarlas a la Procuraduría General de la República (PGR). Segundo, una Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fortalezca la función de vigilancia del legislativo, a partir de un desempeño eficiente, profesional y oportuno. Tercero, un esquema de auditoría social, que permita a la ciudadanía dar seguimiento a la actividad del gobierno, recurrir a procedimientos administrativos para denunciar irregularidades, y acudir a la opinión pública para reforzar sus denuncias. Cuarto, salas especializadas en las instancias judiciales, para ventilar los casos de corrupción.

Para que el nuevo sistema funcione, es indispensable que utilice los conceptos de conflicto de interés, tráfico de influencias, y enriquecimiento inexplicable, en vez de concentrarse en errores en los procedimientos, que son de orden secundario. Además, los trámites deberán ser sencillos y ágiles para evitar márgenes de discrecionalidad que dilaten las decisiones y den cabida a corrupción. Por último, dar certidumbre jurídica a los funcionarios públicos, eliminar el absurdo concepto de "daño patrimonial", que en los hechos exige que el funcionario público sea "infalible", y que las sanciones resulten del debido proceso, pero sean expeditas.

Se distinguen tres tipos de agencias anticorrupción: las especializadas en la prevención, sin capacidad de investigación ni sanción de hechos; las enfocadas a aplicar la ley, que se centran en procesar judicialmente prácticas de corrupción; y, aquéllas que tienen facultades preventivas y capacidad de investigación, proceso, y sanción. El ejemplo más emblemático de una agencia exitosa es la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, que cae en el tercer grupo de agencias. En coordinación con la procuraduría nacional, dicha agencia no sólo persigue prácticas de corrupción en el sector público, sino que también está facultada para investigar y castigar las del sector privado. Otros ejemplos exitosos se encuentran en Corea del Sur y Singapur. México requiere y merece las mejores prácticas para combatir la endémica corrupción.

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