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Pendientes ciudadanos

Hay al menos dos temas que se debaten en estos días respecto de los derechos de participación ciudadana de forma directa.

Sabemos que la democracia directa o participativa, rescatando elementos esenciales del ideal democrático, se complica a la hora de la aplicación concreta y puede llegar a contradecirse con la democracia representativa. Pero en las democracias maduras se busca la forma de conciliar estos dos tipos de democracia. El primer tema tiene que ver con las candidaturas independientes. En general, he estado en contra de esa figura para el cargo del Ejecutivo (lo mismo federal como estatal), pues hemos visto en varios países lo que sucede cuando algún independiente llega a la presidencia; simple y sencillamente no tiene ningún respaldo en el Congreso. Y eso, en un sistema rígido como lo es el presidencialista, favorece el conflicto de poderes con un mandato fijo y sin las facultades constitucionales de disolverse uno al otro (como sí ocurre en el parlamentarismo). Eso condena a la parálisis política por varios años, o propicia la tentación de que uno de los poderes quiera sustituir al otro por vías extrainstitucionales. Ejemplos sobran. Con los diputados y senadores me parece que no hay problema, si bien es probable que dichas candidaturas recaerán en políticos profesionales —y no ciudadanos comunes— que han agotado sus posibilidades en otros partidos.

Pero más allá de mi opinión, es cierto que los requisitos que se están pidiendo para dichas candidaturas son excesivo, y rebasan los que se piden para formar un partido político, lo cual es absurdo. El 1 % del padrón de firmas para presidente (que supone 800 mil firmas), en al menos 17 entidades, y el 2% para los otros cargos, cuando para un partido se exige el .23% del padrón. Todo ello sin poder hacer publicidad en radio y televisión. Y sólo dispondrán de financiamiento público hasta cumplir con esos requisitos y ser registrados. Además, tienen sólo 120 días para la recolección de firmas, tres veces menos el tiempo que para crear un partido. Se pone la vara tan alta que seguramente lo que se busca es inhibir este tipo de candidaturas. ¿Quién podría alcanzar dichos requisitos en tales condiciones? Sólo unos cuantos magnates, si quisieran competir (que es improbable, aunque ahí está el antecedente del doctor Simi). Así, si López Obrador quisiera competir como candidato independiente, probablemente no reuniría los requisitos que sí pudo congregar para conformar Morena (del que seguramente será su candidato).

Viene por otro lado la consulta popular para la reforma energética, exigida por el PRD. Se quejan el PT y MC de que el formato enviado por el INE pide más requisitos que los exigidos por la Constitución. Pero fue aprobado por el resto de los partidos. Pero lo crucial es la pregunta que se pretende hacer a los electores en junio de 2015, que sólo puede ser una sola, y por tanto es difícil abarcar la gran cantidad de aspectos que abarca tan compleja reforma. Para quitarse de líos, y no formular una pregunta sesgada, la que se propone es simplemente "¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?". Todo o nada, como era lógico suponer que vendría la pregunta. No hay sesgo, en efecto, pero presupone que los electores conocen y entiende los cambios en los tres artículos constitucionales y sus posibles implicaciones (aunque ello es justo motivo de controversia). No ha habido debate serio y amplio. Es probable que la mayoría de los electores votarían a ciegas, a partir de sus juicios prestablecidos. Pero lo importante es lo que diga la Corte sobre la constitucionalidad de la pregunta, pues muchas dudas. ¿Puede someterse a consulta un texto constitucional o sólo reformas secundarias? ¿Puede hacerse una vez que ha sido aprobado, o sólo se someten los proyectos en discusión? No son preguntas fáciles de responder.

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