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Planes municipales

IDEAS PARA EL CAMBIO

Uno de los requisitos más engorrosos e inútiles a que se enfrentan los ayuntamientos, es la elaboración y presentación del Plan Municipal de Desarrollo. La Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, que data de 1987, incluye múltiples acertijos operativos, incluso al tratar de determinar la obligatoriedad o no de la planeación municipal.

Por ejemplo, el artículo octavo establece que "Los H. Ayuntamientos decidirán sobre la formulación de planes y programas municipales de desarrollo…". En este sentido una decisión podría ser no elaborar ningún plan. Basta con que el Ayuntamiento así lo acuerde y ya no habría necesidad de preocuparse.

Además, en el artículo tres se establece que mediante la planeación se "asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución…". En los planes municipales ya presentados no se incluyen estos señalamientos.

La experiencia indica que aún siendo obligatoria, la planeación es un requisito sin mayor trascendencia. Se elabora un plan, se presenta y luego sólo se convierte en párrafo de todo oficio que envían las autoridades. En lo sucesivo nadie se acuerda del Plan.

Existe una ley de planeación inoperante. Más que ayudar, genera incómodos problemas a los gobernantes. Exige la realización de consultas sociales que se sustituyen con un par de reuniones donde los asistentes no saben a lo que van.

También se considera la creación de comités municipales de planeación donde sus integrantes no tienen absolutamente ninguna función, salvo legitimar con su presencia el "sistema de planeación democrática" que mandata la ley.

Existe demasiada simulación en la elaboración de planes municipales. Cada Ayuntamiento la propicia sólo para cumplir con un requisito legal o político, y el ciudadano acepta sumisamente ser utilizado para crear un escenario de tabla y cartón. Por eso los planes son un fracaso. No generan beneficio, ni contribuyen al progreso regional.

Ya es tiempo de asumir el proceso de planeación como una actividad seria, necesaria e indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de los municipios.

Se requiere un nueva ley de planeación que establezca mecanismos claros y precisos acerca de cómo y bajo qué criterios se deben elaborar los planes municipales, y de qué manera se articularán con los planes estatal y federal.

Pero quizá lo más relevante, es que todo plan debe contener una visión de futuro. Debe incluir un proyecto de desarrollo regional desde una perspectiva de largo plazo para garantizar la continuidad en las acciones, independientemente del partido que gobierne.

La planeación tiene que dejar de ser una obligación de escaso beneficio. La planeación debe ser un ejercicio técnico y político, muy cuidadoso y altamente participativo, porque lo que está en juego es algo demasiado importante: la construcción de un mejor futuro para todos. Los planes ya no pueden ser producto de simulación y de más simulación.