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Política económica: la renuncia del gobierno

El jueves anterior el titular del Ejecutivo federal anunció: "he determinado establecer, a través del gabinete especializado de México Próspero, es decir, el gabinete económico del gobierno federal, un Acuerdo de Certidumbre Tributaria", que implica "que, durante 2015, 2016, 2017 y 2018, no habrá nuevos impuestos, no subirán las tasas de los impuestos actuales y no se reducirán o eliminarán los beneficios fiscales ni las exenciones existentes" (El Universal, 28/02/14).

Así de fácil se dio a conocer una decisión trascendente para el futuro del país: el gobierno renunciará a incrementar la recaudación y, con ello, a la posibilidad de aumentar de manera significativa la inversión pública –indispensable para trascender el mediocre crecimiento económico– y a fortalecer el gasto social para hacer efectivos los derechos sociales que la Constitución enuncia pero no garantiza –salud genuinamente universal, bachillerato para todos los jóvenes, etc.

La renuncia del Ejecutivo a una mayor recaudación y, por tanto, a una mejor distribución de la riqueza, contrasta con los propios dichos que el gobierno hizo públicos hace unos meses al presentar su propuesta de reforma fiscal. Apenas el 8 de septiembre pasado, el secretario de Hacienda explicaba en Los Pinos que "nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del PIB de apenas 2% en términos reales en promedio", que "el bajo crecimiento económico no ha permitido satisfacer las necesidades sociales… y es por ello que el 45.5% de nuestra población se encuentra aún en situación de pobreza." Videgaray abundaba en su diagnóstico: "el 61.2% de los mexicanos, es decir, 72 millones de personas, carece de acceso a la seguridad social", "México es el único país de los integrantes de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo" y subrayaba la precariedad fiscal y sus consecuencias: "la insuficiente inversión en bienestar social se deriva, en buena medida, de la debilidad fiscal del Estado mexicano. Los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto son de 13.7%, mientras que el promedio en América Latina asciende al 18.4%, y en países desarrollados de la OCDE alcanza 26.3%… El sistema tributario mexicano es inequitativo y no ha sido efectivo para redistribuir el ingreso."

Frente a ese panorama, el gobierno proponía de entrada la pensión universal para los adultos mayores de 65 años, instrumentar un seguro de desempleo y avanzar en una reforma fiscal que, para 2014, podría dar recursos adicionales por 1.4 puntos porcentuales del PIB, lo que nos dejaría lejos aún del promedio latinoamericano pero se trataba de un primer paso en la dirección correcta.

El diagnóstico económico y social de México no ha cambiado mucho desde septiembre: en todo caso comprobamos que la economía creció menos que el promedio de las últimas tres décadas, sólo el 1.1% en 2013, que hubo una insuficiente creación de empleo, que aumentó el índice de la tendencia laboral de la pobreza durante el año pasado, que los salarios reales no mejoran, que subió el valor de la canasta alimentaria y que, en suma, la inseguridad económica de las familias y la desigualdad del ingreso siguen corroyendo la cohesión social.

Además, el gobierno ni siquiera obtuvo la reforma fiscal que propuso, pues el Congreso redujo vías de captación de ingresos y, adicionalmente, el propio Ejecutivo determinó en diciembre de 2013 tratos preferenciales que mermarán la recaudación. Por si fuera poco, el gasto en inversión aprobado para 2014 por la Cámara de Diputados disminuye frente al de 2013 en áreas clave para el bienestar social como salud (-31.6%) y educación (-6.8%), y el seguro de desempleo se quedó en mera promesa.

Las carencias sociales siguen y el mal desempeño económico también. La novedad es que, muy al principio de su mandato, el gobierno ha renunciado a la política económica. Pésima noticia.

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