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Premura electoral

Finalmente fueron nombrados en tiempo y forma los once consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE). Pero los tiempos para realizar ajustes y modificaciones apremian.

Los consejeros tienen pocas semanas para modificar más de veinte reglamentos y lineamientos y adecuarlos a lo que serán las nuevas disposiciones legales —que aún no existen— además de nombrar a los consejeros estatales en al menos 17 entidades que celebrarán comicios en 2015. La legislación secundaria tiene como límite el 30 de abril. Aquí no cabe el retraso (como en otras reformas). Los procesos electorales de 2015 exigen tiempos precisos en su preparación y desarrollo. Y también falta hacer las transformaciones en las constituciones y leyes a nivel estatal, para empatar con la reforma nacional.

El problema vuelve a radicar en los partidos que no se ponen de acuerdo en cuántos y cuáles deben ser esos cambios. Pese al consenso electoral en materia constitucional (un consenso apresurado y forzado para poder avanzar en la reforma energética), a la hora de la legislación secundaria surgen las diferencias, pues es ahí donde se pueden neutralizar algunos de los lineamientos planteados constitucionalmente, o por el contrario darles debida aplicación. La posición del PRI es conservadora en esta materia; prefiere hacer los menores cambios posibles, mantener en lo fundamental el Cofipe, y a otra cosa. El PAN y el PRD, por el contrario, como promotores de esta reforma electoral, exigen una nueva ley de procedimientos electorales que implicaría varios cambios respecto de lo que hoy es el Cofipe, además de una ley de partidos donde se especifiquen aun más los derechos y responsabilidades de los partidos para con la sociedad y respecto a los militantes mismos. El PRI prefiere que las cosas queden como están en materia de partidos, y prescindir de dicha ley. Tampoco hay acuerdo en la forma de fiscalizar recursos, donde PAN y PRD quieren que se haga de manera más puntual y expedita, en tanto que el PRI, por obvias razones, más o menos está conforme con el statu quo.

Los panistas exigieron que se aprobara primero la reforma constitucional en materia política antes que la energética para no quedar colgados de la brocha. De hecho, la reforma a nivel constitucional fue precipitada e improvisada, y de ahí el recelo que generó en la mayoría de observadores y especialistas en el tema. No hubo consultas, reflexión suficiente, detenimiento en lo que se quería y cómo se podría lograr mejor. Más bien prevalecieron los deseos de reivindicación en quienes perdieron la elección de 2012, y la premura para pasar a la reforma energética. El resultado es un marco constitucional que probablemente generará menos claridad y más impugnaciones que antes, además de encarecer las elecciones, contrariamente a lo prometido. Ocurrirá con mayor razón si no se precisan las condiciones en que el INE puede atraer elecciones locales y cuándo delegar responsabilidades a los institutos estatales. El amplio margen de discrecionalidad que en principio queda en la reforma constitucional, de no acotarse y precisarse en la legislación secundaria, generará conflictos y litigios sin cuento, además de la acusación de que, decidan lo que decidan las autoridades, estarían favoreciendo a uno u otro partido. Pero, conociendo a nuestros partidos, es perfectamente posible que las cosas no queden debidamente precisadas y que ante la premura de tiempo, queden cabos sueltos, generadores de litigios sin fin, toda vez que el PRI tiene la posibilidad de aprobar las leyes con sus aliados sin necesidad del PAN y el PRI. Puede alegar que se cumpliría estrictamente con la ley, haciendo a un lado la legitimidad derivada del mayor consenso posible, que es fundamental al menos en lo que hace a la pugna por el poder.

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