Opinión

Primer crimen político del sexenio

ITINERARIO POLÍTICO
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Por: Ricardo Alemán

El mensaje es demoledor para el gobierno federal y para el partido en el poder. ¿Por qué? Porque el secuestro y presunto asesinato del diputado federal del PRI por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, confirma los peores temores de especialistas en violencia y crimen. Es decir, que las políticas públicas emprendidas por el gobierno federal en el combate al crimen organizado, no están dando los resultados esperados.

Y es que al escalar el nivel del objetivo, y asesinar a un legislador federal del PRI —lo que se convierte en el primer crimen político del sexenio—, las bandas criminales envían una clara señal de que también se han empoderado dentro de sectores políticos del tricolor en el estado de Jalisco —no sólo en Michoacán—, con lo que envían el mensaje alarmante de su poder, de la fuerza que tienen, que se saben impunes y que nada les amedrenta.

Más aún, si acudimos a las primeras indagatorias, queda claro que no se trató de un ataque criminal casual, sino que fue un golpe directo; que no fue un intento de secuestro de un desconocido o de una víctima casual, sino que iban directo a matar al diputado federal. Además de que resulta revelador y propio de matarifes profesionales, el hecho de quemar el vehículo en donde viajaban el diputado y su acompañante y de incinerar los cadáveres.

Queda claro, por tanto, que todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque presuntamente ordenado por integrantes del crimen organizado. Pero vienen las preguntas. ¿Por qué matar a un diputado federal, sobre todo si las bandas criminales saben que se puede desatar una cacería de las fuerzas del Estado contra ellos? Hasta hoy nadie tiene respuesta a la anterior interrogante; como tampoco nadie sabe si el legislador mantenía posibles vínculos con alguna célula criminal.

Lo curioso del caso, sin embargo, es que a pesar de que el distrito por el que era diputado federal Gabriel Gómez Michel había tenido en los últimos años un importante repunte en la violencia criminal, y reiteradas denuncias de fuerte presencia de las bandas criminales, el legislador no utilizaba escolta especial, vehículo blindado y más bien viajaba como cualquier ciudadano de a pie.

Más aún, si un ciudadano cualquiera sabe que corre peligro —sea diputado federal, político o empresario—, o que a causa de sus actividades estaría en peligro su vida, lo primero sería contar con una escolta de protección. No era el caso del diputado federal "levantado" y presuntamente asesinado.

Por eso, la hipótesis más sólida es que se pudiera tratar de un mensaje político para un poder de más alto rango. Y el rango que sigue a un diputado federal y/o a un senador, es el gobierno estatal. Como quiera que sea, el asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel no le pega tanto al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como impacta en la imagen, la credibilidad y la confianza del gobierno federal. Y el golpe se da justo cuando el presidente Enrique Peña Nieto convence a inversionistas extranjeros en Nueva York, de que la violencia y el crimen van a la baja.

Y para reforzar la hipótesis de que el estado de Jalisco muestra signos de que podría ser el nuevo Michoacán, vale recordar los más recientes crímenes políticos.

El 3 de agosto de 2014, fue asesinado el alcalde de Ayutla, Jalisco, Manuel Gómez Torres. El crimen fue cometido por dos de sus colaboradores —ya detenidos—, y ordenado por Sergio Hernández González, jefe de plaza del cártel "Jalisco Nueva Generación". El 13 de marzo de 2014, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue encontrado el cadáver del comandante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Benjamín García Álvarez, horas después de ser "levantado". El 29 de agosto de 2013, en la zona metropolitana de Guadalajara, fue asesinado a balazos José de Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo del estado de Jalisco.

La lista de servidores públicos asesinados es larga y hasta ahora el gobierno estatal trata de minimizar los elevados niveles de violencia y la presencia de las bandas criminales, a pesar del temor ciudadano. ¿Qué esperan para actuar? ¿Cuántos servidores públicos, legisladores y alcaldes más deben morir para que intervengan las fuerzas federales? Hasta anoche parecía que a pocos les importaba, en el PRI y en el gobierno federal, el mensaje de un diputado federal asesinado. Al tiempo.

EN EL CAMINO

Por cierto, rescata el gobierno federal al doctor Manuel Mondragón y Kalb, luego de su fracasado paso por seguridad pública. Se encargará de la Comisión Nacional Contra las Adicciones. Y dicen que de eso sí sabe.

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