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Opinión

Primeras damas: tradición o profesionalización, ¿qué queremos?

50 + 1 SINALOA

Por 50 + 1 Sinaloa

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Los cargos de designación forman parte de la historia política, incluso en los modelos democráticos vigentes. En México aún se asumen como una prerrogativa de quienes ostentan un cargo público de toma de decisión o de poder, por ejemplo, tenemos las designaciones directas que hace el presidente de la República o gobernadores o gobernadoras en su Gabinete.

Sin embargo, hay un cargo que va ligado al parentesco y estatus civil del gobernante: la tradición de la ostentación del cargo (no oficial) de primera dama, sumando a ella responsabilidades administrativas o de toma de decisión cómo es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), aunque en épocas recientes, sobre todo ante la paridad, se habla ya de “el primer caballero”, temas que resaltan hoy en el debate de lo público. 

Aclaro qué polémico es decir lo menos, ante los enfoques y luchas ganadas respecto a la igualdad por el feminismo, la denuncia de la limitación que lleva consigo la aún vigencia social de los roles y estereotipos entre hombres y mujeres y la profesionalización de los cargos. Pero ¿pueden ser hoy, aún vigentes los cargos por razón de parentesco, por muy honoríficos que estos sean?
Hay antecedentes disruptivos al respecto: las veces en las que las hijas se ocuparon de cumplir con la tradición o bien el caso de Martha Sahagún al ser la primera en pronunciarse y desistir en asumir ese rol, para asumir la responsabilidad social a través de una fundación, o el más reciente caso de Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del actual presidente de México.

En ese sentido Mariana Rodríguez Cantú, esposa actual del gobernador de Nuevo León ha entrado en el debate mediático de, sin importar el asumir el cargo honorífico se asuman funciones o responsabilidades parciales en estas áreas, y es que no es cosa menor hablar de la responsabilidad del bienestar de la infancia en el país, ¿quién asume, y en qué calidad, las negligencias que se presentan en esas tomas de decisiones que ocasionan vulneración de los derechos de la niñez?

Sabemos pues que estas corresponsabilidades se han entendido y extendido entre gobernantes y cónyuges, que pasa por supuesto en los casos locales por las esposas de los presidentes municipales, sin que exista alguna norma o decreto que así lo indique, cómo tradición de cultura política, por lo que al sentido estricto de una ley cualquier ciudadana o ciudadano puede ocuparlo, sin que por ello tenga que mediar una relación conyugal con el funcionario en turno.

En Sinaloa tenemos un caso a reflexionar también, es el de Gabriela Peña Chico, quien hasta el 20 de mayo de 2022 fungía como presidenta del DIF municipal de Mazatlán, fue separada del encargo después de haber finalizado su relación de pareja con Luis Guillermo Benítez Torres, no habría mayor problema si esta hubiera resultado en buenos términos, pero ha resultado en una decisión polémica calificándose para algunas y algunos como forma de violencia, situación que aún sigue en análisis.

El problema surge en el momento clave para las mujeres y la forma de hacer política en nuestro país: lo que ha significado, y significa avanzar de tener solo espacios de designación, a merced de los roles asignados considerando solo en exclusiva su calidad de expertas y orientación en las problemáticas familiares y de la infancia, luchando también para dar el salto de dar una simple opinión a la conducción de las políticas públicas y centralmente: permanecer en puestos de toma de decisión por sus propios méritos y no por sus relaciones sentimentales o civiles.

Hasta ahí hay grandes coincidencias, apostamos a la profesionalización del cargo, y por supuesto al de las propias mujeres, estos casos, el de la destitución de la presidenta del DIF en Mazatlán nos dejan pensando en las motivaciones de esta destitución, más por la forma que habla bastante ya de por sí del fondo: ¿se debe permitir hoy los cargos honoríficos? ¿y los cambios que de índole familiar que afecten, primero a una mujer en su trabajo, segundo a el desempeño de la institución y tercero que cambios sentimentales sean motivo de despido? 

Entre el largo camino de la designación a la profesionalización de los cargos públicos, debemos poner freno a la politización que enfrentaremos en el trayecto cuando sea en detrimento de la política y los derechos de las personas. Hay tarea.

Por Vanessa Sánchez Vizcarra

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