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Proclividad centralista y autoritaria

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

En el ejercicio práctico del poder público en México existe una extraordinaria proclividad centralista y autoritaria que da al traste con la famosa teoría de la división de poderes, postulada a mediados del siglo 18 por Carlos Luis de Secondat, Varón de la Brede y de Montesquieu, la cual fue adoptada desde el nacimiento del Estado liberal por prácticamente todas las constituciones políticas de los países del mundo.

Esta proclividad se extiende en nuestro país a todas las entidades federativas, y Sinaloa no ha sido ni es la excepción. Es una reminiscencia del absolutismo español que aún pervive en la práctica política después de celebrarse los 200 años de Independencia y 100 de Revolución Mexicana. Recuerdo alrededor de ello los bonitos actos y homenajes que vivimos, y tantos libros que se publicaron y leímos en ese contexto.

También vienen a mi memoria los preciosos discursos que escuchamos en los homenajes cívicos, lástima que se apartan de ese principio constitucional en particular, y de muchos otros contenidos también en nuestra Carta Magna. Esta conducta no es otra cosa más que centralismo de poder, y significa una forma evidentemente autoritaria de su ejercicio, posiblemente desplegado de manera inconsciente por simple costumbre heredada del yugo español.

Como quiera que este sea, significa un serio abuso en el ejercicio del poder público en México que agrieta enormemente en los hechos nuestra arquitectura constitucional. La evidencia está en la práctica cotidiana. La observamos de mil maneras todos los días, y se manifiesta en las expresiones mismas de nuestros políticos tradicionales. Es más, hasta en sus gestos se le observa, para acabar pronto y no ir tan lejos en especulaciones teóricas.

Lo malo es que esa forma centralista y autoritaria de ejercer el poder público genera muchos problemas, que se traducen en múltiples irregularidades de toda índole.

Por ejemplo, para no ir muy lejos, aquí en Sinaloa el Poder Legislativo no funciona como debiera, ya que desde hace muchos sexenios, el Ejecutivo traza la forma en que este debe operar. Si no lo creen, sólo basta con recordar el comportamiento que han tenido muchas legislaturas y sus integrantes, y observar hoy la conducta de la inmensa mayoría de nuestros diputados locales, aunque da pena ajena y no les guste.

De ahí derivan gran parte de los males públicos. Aquí está un tema que justifica por sí mismo una nueva Constitución Política para Sinaloa que desde esta columna la propongo, en el marco de los llamados Compromisos por Sinaloa.

Esta propuesta no es por mera ocurrencia, es una necesidad que se acredita por muchísimos otros hechos, y ante las abundantes evidencias empíricas que poseemos para sostenerlo. Ahí está la propuesta, se las dejo por si existe verdadera seriedad hacia un cambio profundo.

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